“En la última década, el crimen organizado se ha convertido en un importante obstáculo para la preservación de la selva tropical más grande del mundo”, expone el informe del centro de estudios con sede central en Bruselas.

Indica que las comunidades amazónicas “sufren las consecuencias de la violencia que ha acompañado a la llegada de mineros ilegales y narcotraficantes, así como de la deforestación y la ganadería extensiva que éstos financian”.

“El medio ambiente es otra víctima de las redes criminales, tanto por la destrucción directa que causan como por sus efectos colaterales en la corrupción estatal y la impunidad del sector privado”, según el reporte.

De su lado, los gobiernos “se han visto a la defensiva, reacios o incapaces de apoyar a las comunidades locales que intentan resistir la expansión delictiva”, además de limitados por sus jurisdicciones nacionales, lo que les impide coordinar con sus vecinos medidas de seguridad, investigaciones, y agendas sociales y ambientales.

Los grupos armados y criminales de distintos países operan en al menos 67 % de los municipios amazónicos de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, según una reciente investigación desarrollada en 987 municipalidades.

En particular, los grupos brasileños se están expandiendo a través de las fronteras para organizar cadenas de suministro y redes de tráfico. Unas veces compiten y otras colaboran con grupos armados colombianos, así como con bandas criminales venezolanas, ecuatorianas y peruanas, y se extienden hasta Bolivia y Guyana.

Por ejemplo, el Comando Vermelho -más de 100 000 integrantes en todo Brasil- controla actualmente la zona de la triple frontera entre su país, Colombia y Perú, que sirve como centro de cultivo de coca en el lado peruano y ofrece acceso al corredor del río Solimões en Brasil para el transporte hacia la costa atlántica.

Además, trafica cocaína comprada en Colombia a través del río Negro, que corre a lo largo de la frontera entre este país y Venezuela antes de entrar en Brasil. Para refinar la coca y convertirla en cocaína, el grupo opera laboratorios, y pistas de aterrizaje, en el amazónico departamento de Ucayali, en Perú.

El Primer Comando de la Capital -también con decenas de miles de miembros en todo Brasil- se ha expandido hacia las operaciones ilegales de extracción de oro en territorio yanomami (etnia indígena en Brasil y Venezuela).

Las redes internacionales de tráfico de oro se encuentran hoy en el centro de violaciones de derechos humanos, amenazas a la autoridad estatal y degradación ambiental en toda la cuenca amazónica.

El vertiginoso aumento de los precios internacionales del oro ha supuesto un estímulo aún mayor para las organizaciones criminales, destaca el informe.

Por su parte, los grupos armados colombianos se han expandido por la Amazonia en busca de minas de oro y rutas de narcotráfico. El Ejército de Liberación Nacional y la Segunda Marquetalia están involucrados en la minería en los estados de Amazonas y Bolívar, en el sur de Venezuela.

Otro grupo armado, Comandos de la Frontera, se ha expandido desde su base en Colombia hacia el sur, Ecuador y Perú, forjando alianzas con grupos locales para explotar yacimientos mineros y proporcionar protección a la maquinaria.

Según informes, en Ecuador la banda Los Choneros, asociada al mexicano Cartel de Sinaloa, recibe alrededor un millón de dólares mensuales por la minería ilegal de oro, incluyendo zonas que limitan con la Amazonia peruana.

La violencia extrema asola las zonas mineras. Los delincuentes compiten por el control y, en ocasiones, imponen castigos brutales a los mineros acusados de trabajar para grupos rivales o de desobedecer las normas impuestas por estas organizaciones.

Los niños y las mujeres se encuentran entre las principales víctimas de explotación en las zonas mineras.

Menores, a menudo reclutados en comunidades cercanas, trabajan en las minas del sur de Venezuela. En Fortaleza, a orillas del río Santiago, norte de Perú, los criminales utilizan a niños como escudos humanos contra las operaciones policiales.

En el estado de Roraima, norte de Brasil, el Primer Comando de la Capital controla las redes de prostitución infantil que prestan servicios a los mineros, y la violencia sexual está muy extendida en todos los territorios mineros de la Amazonia.

La minería de oro también causa graves daños a la salud pública. La malaria ahora es común en las zonas amazónicas de Venezuela y Brasil, ya que las lagunas de agua estancada creadas en las minas son caldo de cultivo ideal para los mosquitos.

Tanto la minería ilegal de oro como los cultivos de coca dependen de la deforestación, y dejan residuos químicos que degradan permanentemente las fuentes hídricas y los bosques. Ambas actividades han invadido cada vez más las áreas protegidas de toda la cuenca amazónica.

El crimen organizado contribuye al daño ambiental cuando los ingresos procedentes del narcotráfico y la minería ilegal se lavan a través de actividades que destruyen la selva, como la ganadería, el acaparamiento de tierras y la agricultura industrial.

Y los grupos criminales suelen utilizar sus ganancias ilícitas para financiar la extensa deforestación necesaria para que estas industrias operen a gran escala, lo que resulta en una pérdida forestal acumulativa.

La Amazonia alberga a más de dos millones de indígenas, pertenecientes a unos 400 grupos étnicos, quienes se encuentran en la primera línea de los florecientes negocios ilícitos, pero carecen a menudo de los recursos y equipos para detectar los delitos y enfrentarlos de forma segura.

Para International Crisis Group “lograr una mejor cooperación entre las fuerzas de seguridad y las guardias indígenas es fundamental para la seguridad en toda la Amazonia, y el mecanismo más prometedor para detener a los grupos ilegales”.

“Por ahora, los grupos criminales se mueven mucho más rápido que las fuerzas de seguridad en las vastas extensiones de la Amazonía”, concluye el informe, y plantea que “una mayor coordinación entre quienes comparten la autoridad en la selva, es vital para evitar que el crimen organizado agudice el desastre ecológico y social”.

A-E/HM - Corresponsal de IPS