El Concejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) —organización que agrupa diversas comunidades indígenas de la región de Chilapa— fue quien lanzó la alerta el 8 de mayo: la población de los pueblos de Tula, Xicotlán, Acahuehuetlán y Alcozacán llevaba días bajo ataque de grupos que portaban armas de alto calibre y operaban drones.
La intervención del Gobierno federal ocurrió hasta el 11 de mayo tras la presión de la CIPOG-EZ y tras liberar bloqueos carreteros que les habrían impedido llegar por tierra días antes. La Secretaría de Gobernación informó que habían tomado el control de la zona, días después de que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, anunció que buscarían dialogar con dos grupos criminales que estarían en medio de una disputa territorial por el control de rutas para el trasiego de droga y otras actividades ilícitas.
Para el 12 de mayo, ya se habían desplegado 690 militares, 400 integrantes de la Guardia Nacional y 200 policías estatales en la zona. La gobernadora del estado, Evelyn Salgado, publicó fotografías en las que aparece en centros de apoyo repartiendo alimentos a la población afectada.
En entrevista para Sputnik, el abogado agrario e integrante de la Comisión Nacional de Coordinación y Seguimiento del Congreso Nacional Indígena, Carlos González, confirmó que, tras el arribo de las autoridades federales, algunas familias comenzaron a regresar a sus hogares, aunque otras aún se sienten inseguras y no piensan volver. Asimismo, reiteró que se trató de "una serie de ataques despiadados" en contra de la población civil.
"En caso de que exista alguna pugna entre cárteles, pues que los detengan, que los desarticulen y que castiguen a quien tengan que castigar. Pero que se garantice la protección de las comunidades", exige González.
Según el Gobierno de México, solo 96 personas fueron las desplazadas durante el reciente ataque del grupo criminal de Los Ardillos. Sin embargo, según estimaciones de la CIPOG-EZ, fueron cerca de 2.100 personas las que fueron desplazadas en el ataque más reciente, mientras que cinco de sus integrantes fueron asesinados. En los últimos 10 años suman 81 integrantes asesinados y 26 desaparecidos.
"No existe la detención de ni una sola persona implicada en los ataques. No se ve ningún atisbo de desarticulación del cártel de Los Ardillos", asevera Carlos González.
En entrevista con Sputnik, el doctor en Ciencia Política, Gabino Solano, explica que Guerrero ha sido un estado donde la violencia se ha ejercido de manera sistemática desde los tiempos de la Independencia y en el que los cacicazgos se han impuesto como parte de la dinámica sociopolítica.
Sin embargo, la violencia criminal tuvo un crecimiento exponencial al iniciar la llamada "guerra contra el narcotráfico" durante el sexenio del expresidente Felipe Calderón, en 2006, dando inicio a un proceso de "balcanización de la delincuencia organizada" que ha tenido un recrudecimiento en los últimos 10 años, hasta llegar a lo que Solano llama una "colonización paulatina del poder político".
"La violencia termina siendo un recurso para mantener estos espacios de control. En este mismo proceso tenemos la relación entre la criminalidad y la política, el poder político que necesariamente está involucrado, voluntaria o involuntariamente, pues está en su territorio y vive los procesos, los enfrenta, los negocia o es subsumida por esta fuerza criminal", detalla el investigador especializado en violencia en el estado de Guerrero.
La irrupción del grupo criminal conocido como Los Ardillos data de al menos 2010. Se le considera una escisión del cártel de los Beltrán Leyva y se ha posicionado como uno de los grupos criminales más peligrosos para las comunidades de Chilapa.
Organizaciones como el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan denuncian que Los Ardillos mantienen un cerco para presionar a los pobladores de la Montaña Baja a través de la extorsión a cadenas de suministro y transporte público.
El periodista Luis Hernández Navarro describe en su columna Chilapa la saga asesina de Los Ardillos, que este grupo criminal inició, al menos desde hace siete años, un recrudecimiento de la violencia en contra de los pobladores de comunidades indígenas de Chilapa con el objetivo de provocar su huida para controlar rutas para el trasiego de drogas y ante el fortalecimiento de grupos de autodefensa.
La disputa por el territorio también abarca otras industrias fuera del narcotráfico, como la minería. El Consejo Nacional Indígena (CNI) condenó el reciente ataque en Chilapa y externó su preocupación porque "esta violencia prolongada, tolerada y normalizada termine favoreciendo nuevas formas de despojo territorial y el avance de megaproyectos extractivos, entre ellos los mineros".
Además, un informe del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana publicado recientemente sostiene que, tan solo durante el 2025, 15.795 personas fueron desplazadas en 73 eventos ocurridos en distintos puntos del país latinoamericano.
A este grupo también se le asocian crímenes de Estado, como el asesinato del presidente municipal de Chilpancingo, Alejandro Arcos, cuya cabeza apareció encima de un automóvil en la colonia Villas del Roble, tras presuntamente haberse reunido con líderes criminales de la región, días después de ganar las elecciones locales de 2024. Las autoridades acusaron y detuvieron al encargado de la seguridad del municipio, Germán Reyes, por este crimen cometido bajo órdenes de Los Ardillos.
"Siempre está el secreto a voces de que este político está protegido por este cártel; este político protege este otro cártel; el conocimiento de que buena parte de los recursos presupuestales de los municipios los manejan cárteles", describe Carlos González.
El doctor Gabino Solano explica que, en un estado como Guerrero, donde la violencia se ha usado históricamente como método de control político a través de los cacicazgos y el uso de "ejércitos privados" (conocidos históricamente como "guardias blancas"), los grupos criminales pueden insertarse en la estructura política de los municipios también a través de la negociación, no solo con la violencia.
"La fragilidad del poder político local es histórica. Es decir, no tenemos instituciones sólidas, al menos en el ámbito municipal", refiere Solano.
La convivencia entre políticos estatales y líderes criminales de Guerrero ha sido documentada por la prensa nacional desde hace años. Se conocen nombres y vínculos, pero, en casos como los recientes ataques a Chilapa, casi nunca hay detenciones o investigaciones que lleven al desmantelamiento de la estructura de estas organizaciones criminales.
"No solo tienen el respaldo de los gobiernos locales, sino que ellos son los gobiernos locales. Ellos gobiernan directamente a través de personeros políticos en los municipios de la región", asegura González.
El fundador de Los Ardillos, Celso Ortega Rosas, es padre del expresidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Guerrero, Bernardo Ortega. Sus otros tres hijos, Jorge, Antonio y Celso, son considerados los actuales jefes de esta organización criminal. Este último apareció en 2023 en un polémico video en el que se le ve reunido con la presidenta municipal de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández, quien actualmente aspira a ser la candidata a la gubernatura de Guerrero.
"Estamos en un fenómeno que algunos llaman gobernanza criminal. Es decir, estamos viviendo un proceso de colonización y ejercicio de un tipo de gobernanza más allá del Estado democrático", sostiene Solano.
El académico de la Universidad Autónoma de Guerrero considera que "se requiere profundizar en la democratización de las instituciones del Estado", pero sobre todo "se requiere transformar las formas de gestionar el poder político más allá de las formas violentas o armadas".
"La modernización del estado de Guerrero tiene que pasar por transformar el poder fáctico que tienen estas estructuras que yo les llamo tradicionales de dominación. Sin esto, el resultado de la fragilidad institucional está asociado a eso y los resultados sociales y económicos del Estado están mediados por estas anclas de alguna manera tradicionales o autoritarias", señala Solano.
Los pobladores de las comunidades indígenas se ocupan por lo inmediato. Creen que es necesario el establecimiento de destacamentos en zonas estratégicas que les permitan bloquear rutas clave para la delincuencia organizada, así como patrullajes permanentes para resguardar a las comunidades amenazadas.
Esto último, sobre todo, a raíz de que un día antes del ataque de Los Ardillos tres bases operativas del Ejército mexicano establecidas en Tula fueron abandonadas, de acuerdo con el relato de Carlos González.
Asimismo, el litigante piensa que el Estado necesita ir tras estas estructuras criminales y atender problemas estructurales que se vuelven caldo de cultivo para el crimen organizado, como lo es la pobreza.
"Los programas, tal como han sido dirigidos, no alcanzan a tener el éxito que deberían de tener en el combate a la pobreza porque no van enfocados a atender el crecimiento en la producción, sobre todo en el campo. Esos temas no se están atendiendo", concluye.
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