Buenos Aires concretó la privatización más importante de la gestión de Javier Milei con la venta de su participación en Transener, la principal operadora de transporte eléctrico de alta tensión del país. La operación, formalizada por el Ministerio de Economía, marca un nuevo avance en la agenda oficial para reducir el peso del Estado en sectores estratégicos.
La transferencia incluyó la totalidad de las acciones estatales en Citelec, el holding que controla Transener, y fue adjudicada al consorcio integrado por firmas de renombre como Genneia y Edison Energía. El grupo pagó 356 millones de dólares y pasó a compartir el control de la compañía junto a Pampa Energía, del empresario argentino Marcelo Mindlin, en el nuevo esquema societario.
El monto superó ampliamente el precio base fijado para la licitación, que era de 206 millones de dólares. En total, las propuestas recibidas por el Ministerio de Economía alcanzaron los 887 millones, un dato que el Gobierno presentó como señal de interés privado por activos estratégicos.
La Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión Transener ocupa un lugar central en el sistema eléctrico argentino. La firma opera más de 12.600 kilómetros de líneas de alta tensión y, junto con su controlada Transba, gestiona cerca del 85% de la transmisión eléctrica nacional. Su red conecta buena parte del territorio y constituye una pieza clave para el funcionamiento del mercado energético.
La operación se inscribe en el proceso de privatización total de Enarsa (Energía Argentina Sociedad Anónima), la compañía estatal creada para intervenir en el sector energético. Según datos oficiales, esa firma pasó de controlar 10 unidades de negocio a fines de 2024 a solo cuatro en la actualidad, como parte del desarme gradual de su estructura societaria.
El ministro de Economía, Luis Caputo, celebró la venta y sostuvo que el Estado "abandona el rol empresario que nunca debería haber cumplido". La frase resume el enfoque del Gobierno, que busca retirar al sector público de empresas consideradas no estratégicas para la administración y transferir la operación a grupos privados con capacidad de inversión.
La privatización de Transener llega después de una primera etapa dominada por el ajuste fiscal, la baja del gasto público y la desregulación económica. De hecho, la Casa Rosada logró en 2024 la aprobación del Congreso de un paquete de privatizaciones como capítulo central de la Ley de Bases con la que inauguró su agenda parlamentaria.
En ese marco, el proceso no se limita al sector eléctrico. Caputo anticipó que el Gobierno publicará los pliegos para vender el 90% de las acciones de AySA (Agua y Saneamientos Argentinos Sociedad Anónima), la empresa que presta servicios de agua potable y cloacas en la ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del conurbano bonaerense. La aspiración oficial es recaudar unos 500 millones de dólares en esa operación.
En el caso de AySA, el esquema prevé transferir al menos el 51% de las acciones mediante licitación pública nacional e internacional, mientras el resto podría colocarse luego en bolsas y mercados del país, según la definición final del diseño del proceso.
"Hay una transferencia de los principales activos estratégicos de la Argentina a manos privadas", dijo a Sputnik el especialista en energía Moisés Solorza. Según el experto, la operación "lesiona el propósito inicial" del sistema energético y "pone la seguridad energética nacional en manos de actores cuyo objetivo central es garantizar solamente su negocio".
Para el investigador, "Transener forma parte de esa lógica de entrega del patrimonio estratégico argentino", mientras que el Gobierno local avanza con "la privatización del sistema nuclear y la cesión de activos vinculados al gas, el petróleo y la minería". El consultor advirtió que "nada se puede hacer sin energía en el mundo", y reclamó "blindar los recursos estratégicos del país".
Desde la mirada opuesta, el exsecretario de Energía argentino Emilio Apud defendió la operación y afirmó que "es una medida buena" porque "está desactivando una empresa creada solamente para incrementar el tamaño del Estado e intervenir en un sector que suele funcionar eficientemente".
Consultado por Sputnik, el exfuncionario argumentó que el modelo previo "provocó una desinversión y una descapitalización del sector".
Según explicó, "la demanda eléctrica creció al doble, mientras que la expansión del sistema de transporte fue menos del 50%, lo que dejó al sistema interconectado trabajando al límite de su capacidad". Además, señaló que en transporte y generación eléctrica "hay un déficit de 20.000 millones de dólares".
A la contraposición de miradas subyace una discusión pertinente en un contexto de caída de poder adquisitivo de los ingresos y correcciones macroeconómicas ligadas al ajuste fiscal: el costo de las tarifas que los usuarios deben pagar por la energía.
Solorza alertó que la privatización de Transener puede trasladarse al costo de hogares e industrias.
"Con tarifas dolarizadas, el costo de la energía va a seguir el ritmo de los valores internacionales", señaló. A su juicio, la pérdida de participación estatal "puede afectar sin lugar a dudas el costo de las tarifas para la industria y para los domicilios".
El investigador agregó: "No se puede seguir referenciando los precios internos a los valores internacionales del petróleo, de la energía y del gas porque eso va a encarecer los costos para reindustrializar y ser competitivos". En ese marco, planteó que un futuro Gobierno "tendrá que repensar un esquema jurídico" que permita recuperar capacidad estatal sobre sectores estratégicos".
Apud relativizó el impacto directo de la venta sobre las tarifas y recordó que "el transporte y la distribución de energía eléctrica están regulados".
"Que el Estado haya tenido el 25% y ahora no lo tenga no cambia mucho la cosa", afirmó. Según explicó, las tarifas "se fijan periódicamente en función de los costos de operación y mantenimiento de la red".
El exfuncionario respaldó además el esquema de "sinceramiento tarifario" impulsado por Milei y sostuvo que el objetivo debe ser "que no haya más subsidios ni congelamientos". "La idea es que la tarifa pague toda la expansión, operación y mantenimiento del sector", indicó, aunque aclaró que todavía deben mantenerse subsidios focalizados para "sectores que no pueden afrontar el costo pleno de los servicios energéticos".
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