El mandatario sudamericano viajó con el plan de privatización del sistema ferroviario de cargas, en una apuesta por atraer capital internacional para uno de los corredores logísticos más extensos del país. La iniciativa fue presentada en Nueva York durante el evento "Argentina Week", donde funcionarios buscaron captar inversiones para el ferrocarril Belgrano Cargas.
La exposición estubo a cargo del presidente de Trenes Argentinos Cargas y se realizó ante bancos, fondos de inversión y ejecutivos del sector energético y logístico. En una primera etapa, la Casa Rosada aspira a conseguir financiamiento por unos 800 millones de dólares para modernizar la red ferroviaria y ampliar su capacidad de transporte.
La firma seleccionada es una de las más relevantes del entramado estatal y constituye uno de los principales sistemas ferroviarios de carga de Argentina. Administra más de 7.600 kilómetros de vías que atraviesan 17 provincias y conectan el norte productivo del país con los puertos exportadores del Gran Rosario, ubicado en la provincia de Santa Fe (centro), uno de los mayores nodos regionales del comercio agrícola.
El sistema transporta principalmente granos, minerales, cemento y productos industriales. La red también incluye los ramales San Martín y Urquiza, que forman parte de la empresa estatal Belgrano Cargas y Logística. En los últimos años, alcanzó volúmenes récord de transporte tras inversiones en infraestructura y material rodante.
El plan del Gobierno prevé avanzar con un esquema de privatización y concesión de la operación ferroviaria. El modelo contempla la participación de operadores privados en la explotación del servicio de carga y la concesión de infraestructura, con contratos de largo plazo orientados a atraer capital internacional.
Entre las alternativas analizadas se incluye un sistema de acceso abierto que permita a distintos operadores utilizar la red mediante el pago de un canon, así como la concesión integral de algunos tramos ferroviarios. El objetivo oficial es incrementar la inversión y mejorar la eficiencia logística del sistema.
El programa de la Argentina Week incluye exposiciones sobre proyectos de infraestructura, energía y transporte. Buenos Aires busca aprovechar ese escenario para posicionar el sistema ferroviario de cargas como una oportunidad de inversión vinculada al crecimiento de las exportaciones agrícolas y al desarrollo minero en el norte argentino.
El interés de inversores privados no es nuevo. En los últimos meses, grupos vinculados al sector ferroviario, a la logística internacional y al comercio de granos han seguido de cerca el proceso de privatización, debido al papel clave del sistema en el transporte de mercancías hacia los puertos.
La presentación del proyecto ferroviario se inscribe además en una estrategia más amplia de apertura al capital privado.
El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que el Gobierno avanzará este año con una "segunda etapa de privatizaciones", que suma empresas de sectores estratégicos.
Entre las compañías mencionadas por el Ejecutivo figuran Transener, principal empresa de transmisión eléctrica del país; Aguas y Saneamientos Argentinos, responsable del servicio de agua y cloacas en el área metropolitana de Buenos Aires; e Intercargo, que presta servicios de rampa en aeropuertos.
El despliegue de la política de privatizaciones impulsada por Milei logró aval parlamentario al sancionarse la ley bases, considerada —junto al megadecreto de necesidad y urgencia firmado por el presidente apenas asumió, en 2023— como una "carta magna libertaria".
Si bien la medida responde al ideario libertario y antiestatal que caracteriza a la Casa Rosada, de fondo emerge la necesidad de reunir divisas para afrontar los cuantiosos vencimientos de deuda que Argentina tiene por delante durante todo el 2026. En ese marco, la privatización es tanto una convicción ideológica como la respuesta a una necesidad apremiante, en un contexto marcado por la falta de dólares en el Banco Central.
"La red ferroviaria argentina nunca se terminó de recuperar de la anterior experiencia de privatización", dijo a Sputnik Galileo Vidoni, politólogo especializado en gestión del transporte, al analizar el nuevo proceso impulsado por el Gobierno.
Según el experto, el sistema parte de una infraestructura deteriorada desde las concesiones llevadas a cabo durante el gobierno liberal de Carlos Saúl Menem (1989-1999). "La red ferroviaria en operación es hoy menos de la mitad de lo que era en 1990", señaló, tras décadas marcadas por el cierre de ramales y la caída de las velocidades de circulación.
Vidoni advirtió que el principal problema del nuevo esquema radica en el financiamiento de las obras necesarias. "Las inversiones que requiere el sistema, sobre todo en infraestructura, son de una envergadura que pocos privados o ningún privado está en condiciones de hacer", sostuvo.
A su juicio, el paradigma propuesto tampoco ofrece claridad institucional. "Es un modelo particularmente confuso, que intenta combinar privatización con una legislación que establece la gestión estatal de la infraestructura", destacó.
En ese contexto, el especialista consideró que la incertidumbre regulatoria y el estado de la red limitan el interés de los inversores. "Si el Estado no garantiza las inversiones y el privado tampoco tiene incentivos claros para hacerlo, lo único que va a pasar es que el sistema se siga degradando", advirtió.
Consultado por Sputnik, el diputado nacional de Unión por la Patria Eduardo Tonioli, integrante del Observatorio Social del Transporte, apuntó que "la política ferroviaria del Gobierno es una especie de revival de la política ferroviaria" de la década de 1990.
El legislador consideró que el plan oficial combina la privatización del transporte de cargas con un retroceso del servicio de pasajeros en el interior del país. "Más de la mitad de los servicios ferroviarios de pasajeros que existían en diciembre de 2023 ya fueron dados de baja", remarcó.
Según el congresista, los servicios que continúan operando enfrentan un deterioro progresivo. "Hay un riesgo de degradación planificada de los servicios, con viajes cada vez más largos, tarifas más caras y suspensiones frecuentes", apuntó.
El diputado también cuestionó los antecedentes históricos del esquema concesionado. "Después de treinta años de concesiones privadas quedó una infraestructura derruida y en muy malas condiciones", asegura.
En ese sentido, advirtió que el nuevo proceso podría profundizar los problemas estructurales del sistema ferroviario. "Nos pone más lejos de un sistema potente e integrado que combine transporte de cargas y pasajeros", concluyó.
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