El estado, ubicado al noroeste de la nación latinoamericana, tiene una geografía estratégica al colindar con Sonora y Chihuahua —dos entidades fronterizas con Estados Unidos— y, además, tiene salida al mar de Cortés y al océano Pacífico. Poseedor también de un clima excepcional, el estado se caracteriza por ser un importante exportador de jitomate, carne, otro tipo de alimentos... y droga.

Con una buena parte de su territorio enclavado en la Sierra Madre Occidental, el estado, como parte de su propia riqueza natural, es también ideal para la siembra de marihuana y amapola, una planta necesaria para la síntesis química de analgésicos y estupefacientes, principalmente la heroína.

Pero su suelo ha sido la bendición y maldición: la entidad enfrenta una crisis política debido al presunto nexo del gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, con el narcotráfico, además de un abundante listado de altos funcionarios señalados desde Washington.

UNA RELACIÓN DE LARGA DATA

Para entender el complejo panorama político y social del Sinaloa en la actualidad, es necesario remontarnos a inicios del siglo pasado, cuando oleadas de migraciones chinas se establecieron en ciudades como Los Mochis, Mazatlán y Culiacán, en donde se establecieron varios casinos en los que, según consta en un artículo de investigación realizado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se consumía opio de forma regular, lo que conllevó perfeccionar la técnica en el proceso de estupefacientes.

"Sinaloa, tomando en cuenta el punto de vista estratégico, tiene una ubicación geográfica privilegiada; tiene un puerto de entrada donde convergen, y en aquel entonces convergían (primera mitad del siglo XX), los mercados de Asia, de Europa, de Estados Unidos. Por el otro lado, se dio un punto muy interesante, que es el de las migraciones (...). Estamos hablando de que, en esos flujos migratorios chinos que se dieron a Sinaloa, se atrajo el consumo del opio", dice en entrevista para Sputnik el analista en temas de seguridad, Alberto Guerrero Baena.

Luego de la Revolución Mexicana (1910-1917), Sinaloa se sumió en una crisis económica y el desempleo aquejó a miles de familias que, hasta el momento, se dedicaban a la minería.

Ante la falta de empleo, varios optaron por volcarse a la siembra de la amapola, principalmente en el municipio de Badiraguato, un municipio de la Sierra Madre Occidental y cuyo nombre resulta familiar entre los mexicanos, por ser la tierra de nacimiento de Joaquín el Chapo Guzmán.

Así, el negocio de la siembra de amapola, aunque ilegal y regulado desde mediados de la década de 1920, se fue convirtiendo en el sostén de varias familias cuyos apellidos, apuntan las investigaciones académicas, se fueron haciendo conocidos dentro de las comunidades, por ejemplo, los Fonseca y los Caro, quienes posteriormente tomarían el control de la producción, distribución y comercialización de la droga. Años más tarde, serían Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo, Don Neto, quienes fundarían el cártel de Guadalajara.

Con el paso de los años, la producción de la droga se fue extendiendo más allá de Sinaloa y se conformó así el llamado Triángulo Dorado, donde se integraron Chihuahua y Durango, estados con enormes plantíos, mientras que, en las zonas fronterizas, principalmente Tijuana y Mexicali, aparecieron los primeros comerciantes, llamados "los burreros".

Ya con un negocio ilegal bien establecido, entre 1975 y 1976 se desplegó la Operación Cóndor, una de las primeras operaciones en contra del narcotráfico en México, cuyo objetivo fue erradicar los cultivos por medio del uso de herbicidas en Sinaloa, de acuerdo con información disponible en el Archivo General de la Nación (AGN).

Pero los esfuerzos del Gobierno mexicano, que se encontraba presionado a su vez por los Estados Unidos, señalan documentos oficiales, generaron que este fenómeno se expandiera a otros estados. Así, Caro Quintero y Don Neto, pese a ser oriundos de Sinaloa, crearon su agrupación en Jalisco (occidente).

"La década de 1980 fue un punto de inflexión en materia de producción y distribución de droga en nuestro país. Los grupos delictivos dedicados al narcotráfico comenzaron a crecer y a ganar un mayor poder y capacidad operativa. Esto dio paso a la formación de los primeros cárteles de la droga en México, los cuales empezaron a entablar relaciones con otras células criminales del continente", se lee en un informe oficial.

Pero, a mediados de los años ochenta, comenzó la disolución del grupo de Jalisco, pues sus líderes fueron detenidos tras el asesinato de Enrique Kiki Camarena, un agente encubierto de la DEA, quien, tras ser descubierto, fue torturado y asesinado.

El declive del grupo dio paso a otro: el cártel de Sinaloa, que quedó a manos de lo que hasta entonces eran operadores de mediano rango, como Joaquín Guzmán Loera e Ismael Zambada, conocido como Mayo.

UN PACTO SOCIAL

Para el periodista sinaloense Marcos Vizcarra, durante años prevaleció en Sinaloa una especie de pacto social entre los pobladores y el narcotráfico, que fue uno de los puntos clave para que los grupos del crimen organizado mantuvieran su poderío.

En charla para este medio, explica que este pacto va desde la normalización de los campesinos respecto a la siembra de la amapola, de la que se deriva la goma de opio, hasta la relación patriarcal que durante décadas se forjó entre los dirigentes del crimen organizado en la entidad y los habitantes.

"Es una simbiosis que se vive, o que se vivía, mejor dicho, con este pensamiento errático de que 'si no me meto [al negocio del narcotráfico], no se van a meter conmigo', combinado con el asunto familiar o de familiaridad. Eso no tienes idea de cuánto daño nos hizo", detalla.

El experto ahonda en ello. En décadas pasadas, los dirigentes criminales se ocuparon, en varios aspectos, de satisfacer las necesidades de las comunidades, lo que generó que incluso quienes no estuvieran inmersos en el mundo de la ilegalidad solaparan los delitos.

Sin embargo, señala, este pacto social se rompió con la llegada de otros liderazgos, por lo general los hijos de los capos fundadores, por ejemplo, los Chapitos, una de las facciones del cártel de Sinaloa, que actualmente son considerados los líderes en la producción de fentanilo.

"Esta raza ya no creció en la sierra, ni pensando en: 'tengo que cuidar a la gente del pueblo'. Ya lo hizo [reflexionando] sobre el lujo, en incluso en la guerra (...). Cuando fue el primer Culiacanazo, en octubre de 2019, ahí se empieza a romper el pacto, porque por primera vez en la historia de Sinaloa, los narcos toman la ciudad", pondera.

El llamado Culiacanazo es el episodio registrado el 17 de octubre de 2019, cuando integrantes del cártel de Sinaloa tomaron las calles del estado tras la detención de Ovidio Guzmán, hijo del Chapo, quien finalmente fue liberado.

LA CRISIS SINALOENSE HOY

Hace un par de semanas, la justicia estadounidense presentó cargos en contra de Rubén Rocha Moya, quien al momento de informarse sobre el caso fungía como gobernador de Sinaloa, así como contra nueve personas más, en su mayoría ligadas a la función pública, por los delitos de tráfico de drogas y de armas.

La confirmación de la investigación la dio el Departamento de Justicia norteamericano, que informó que se solicitó la detención provisional de las personas acusadas con fines de extradición.

Al respecto, la Cancillería mexicana respondió que las solicitudes serían turnadas a la Fiscalía General de la República (FGR). Sin embargo, señaló que "no cuentan con elementos de prueba para poder determinar la responsabilidad de las personas de las cuales se solicita la detención provisional con fines de extradición".

En tanto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, exigió pruebas a las autoridades estadounidenses y el 11 de mayo aseveró que no ve posibilidades de que las fuerzas estadounidenses intervengan en territorio mexicano para capturar al gobernador sinaloense con licencia.

Mientras que el Gobierno mexicano apela a la soberanía del país, EEUU ha utilizado el tema de la seguridad y el crimen organizado como una carta para ejercer presión al país latinoamericano, consideró en charla con Sputnik el analista y docente Roberto Álvarez Manzo.

Y es que, dijo, el problema de la delincuencia organizada es también global y se debe analizar desde varios ángulos.

"Sabemos que hay otros factores también vinculados, entre ellos, los económicos y uno muy importante, el político (...). Conocemos también que se pueden tomar decisiones, tener injerencia, que se pueden localizar intereses o pretensiones y reitero, no solamente en específico a lo vinculado con el tema delincuencial", señaló el experto.

Álvarez Manzo indicó que la crisis política que atraviesa hoy Sinaloa es el producto de un olvido, una impunidad y una colusión sistemática entre los tres niveles de Gobierno y el crimen organizado, que data de hace varias décadas.

"Llama la atención la envergadura, la importancia del funcionario y de sus colaboradores; puede ser un caso que deje un precedente para que, en futuras ocasiones, funcionarios de este rango o de este nivel también pudieran estar siendo señalados, lo cual sería todo un reto para el actual Gobierno mexicano", finalizó.