"Milei, cumplí con la ley", fue la consigna que devino en un grito entonado por cientos de miles de personas que marcharon hacia la emblemática Plaza de Mayo de Buenos Aires, para exigirle al Gobierno nacional que frene el recorte presupuestario a las universidades públicas y gire los fondos ya dispuestos por el Congreso.

El Gobierno nacional impugnó la convocatoria tildándola de "acto opositor" y ratificando que no actualizará las partidas.

La cuarta Marcha Federal Universitaria fue protagonizada por una infinidad de jóvenes y autoconvocados, a diferencia de movilizaciones previas en las que el gremialismo fue un actor central. En este caso, hubo un detonante concreto: la reticencia del Ejecutivo a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario, que establece la actualización de fondos que debe garantizar el Estado nacional para el funcionamiento de las casas superiores de estudios.

El documento oficial, firmado por las autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y leído conjuntamente con representantes docentes y estudiantiles, denuncia que el escenario "es actualmente crítico y la principal causa es que el Gobierno nacional incumple la regla democrática y constitucional básica: cumplir la ley de financiamiento universitario que establece un piso recursos que asegura el normal desenvolvimiento del sistema".

MASIVA MOVILIZACIÓN EN LAS CALLES

La protesta fue convocada por las federaciones de estudiantes, docentes y universidades de todo el país, y tuvo su réplica en las principales ciudades del interior. Según los organizadores de la jornada, más de un millón y medio de personas participaron de la protesta. De acuerdo a estimaciones de la Universidad de Buenos Aires, la Plaza de Mayo albergó a unas 600.000 personas.

"Es fundamental defender la educación pública, y más en este contexto. Acá se está jugando el futuro de uno de los mayores motivos de orgullo del país y por eso hay que unirnos para marcar un límite al ajuste", dijo a Sputnik Iván, estudiante de Abogacía en la Universidad Nacional de Moreno, provincia de Buenos Aires.

El joven de 21 años remarcó que "esto que decimos de que 'sin universidad pública no hay futuro' ahora está a punto de convertirse en realidad porque si no aumentan los sueldos de los docentes y el presupuesto para que funcionen, muchos estudiantes nos vamos a quedar sin opción".

Desde la llegada de Milei a la Casa Rosada, en diciembre de 2023, los fondos transferidos a las universidades se derrumbaron un 45,6%, de acuerdo a lo informado por el Consejo Interuniversitario Nacional. Además, en ese período de tiempo, los sueldos del personal docente y no docente cayeron más del 30%.

En ese marco emerge la urgencia por lograr el cumplimiento de la ley de financiamiento. La normativa fue aprobada por el Congreso en 2025 y Milei la vetó. No obstante, los legisladores lograron reunir dos tercios de los votos en Diputados y en el Senado para hacer caer el veto. Sin embargo, el Ejecutivo aún no instrumentó la norma, alegando que echaría por tierra el ordenamiento fiscal impulsado desde su asunción.

Recientemente, las universidades apelaron a la Justicia para forzar a la Casa Rosada a activar la normativa, en dos instancias, los tribunales dictaron una medida cautelar para que el Gobierno comenzara a aplicar el financiamiento, pero el Ejecutivo se resiste y apeló ante la Corte Suprema, el máximo tribunal del país.

"Hoy más que nunca hay que estar en la calle para presionar no solo al Gobierno, sino sobre todo a la Corte, que es la que tiene que ver que toda la gente que hoy marcha está exigiendo que se cumpla con la ley. Es una marcha política porque requiere una respuesta política", dijo a Sputnik Natalia, docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.

Antes de la movilización, el Ejecutivo advirtió que no cedería ante el reclamo. El subsecretario nacional de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, denunció que se trató de un "acto opositor" y acusó a las organizaciones de "politizar el reclamo".