NUEVA YORK – La violencia se ha convertido en la condición básica de la humanidad. Sin embargo, las instituciones internacionales siguen paralizadas por los vetos y las rivalidades, y se limitan a emitir declaraciones vacías mientras la deshumanización se normaliza. Se necesita urgentemente una acción coordinada, no simples gestos.
La violencia global se está extendiendo en la actualidad, no se está conteniendo; los más de 180 000 incidentes violentos registrados a nivel mundial por el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos indican un mundo en el que el conflicto se ha convertido en una condición básica en lugar de una excepción.
Más de 130 conflictos armados se libran actualmente —más del doble que hace 15 años— destrozando infraestructuras, desgarrando el tejido social y normalizando la deshumanización como arma política.
Las mujeres y los niños son los más afectados: cientos de millones viven en zonas de enfrentamientos armados, con millones de muertes evitables y traumas de por vida causados no solo por balas y bombas, sino también por el hambre, las enfermedades y la violencia de género desatada por el caos de la guerra.
Sin embargo, el sistema de las Naciones Unidas y las democracias del mundo parecen cada vez más paralizados —atrapados en vetos, rivalidades geopolíticas y declaraciones vacías— y ofrecen gestos de preocupación en lugar de la rendición de cuentas coordinada y exigida que esta plaga moderna de violencia exige tan desesperadamente.
La escalada global de la violencia es una crisis estructural más que una aberración, una que revela el fracaso de las instituciones internacionales, poniendo al descubierto la normalización del sufrimiento en las dimensiones política, económica y social.
La proliferación de la violencia no solo indica un aumento de los enfrentamientos armados, sino también un colapso de los propios mecanismos destinados a contener el conflicto, lo que convierte la deshumanización en una herramienta habitual del poder, como se demuestra a continuación.
La violencia representa el colapso de la autoridad política legítima y el auge de la impotencia disfrazada de fuerza. La idea fundamental de Hannah Arendt sigue siendo esencial: «El poder y la violencia son opuestos; donde uno gobierna de forma absoluta, el otro está ausente. La violencia aparece cuando el poder está en peligro, pero si se deja seguir su curso, termina en la desaparición del poder» (Sobre la violencia, 1970).
Esto se refiere directamente a la proliferación actual de conflictos, que no indican la fortaleza del Estado sino el fracaso institucional, donde la violencia sustituye al consentimiento y la legitimidad que los gobiernos ya no pueden ejercer. El recurso a la violencia señala el agotamiento del diálogo político y la ausencia de estructuras de poder legítimas capaces de resolver disputas.
Los factores económicos son aceleradores críticos de la violencia contemporánea a través de la competencia por los recursos, la explotación de las materias primas y la desigualdad sistémica.
El concepto de violencia sistémica de Slavoj Žižek capta las raíces económicas omnipresentes: «Ahí reside la violencia sistémica fundamental del capitalismo, mucho más inquietante que la violencia socioideológica precapitalista directa: esta violencia ya no es atribuible a individuos concretos y sus intenciones ‘malvadas’, sino que es puramente ‘objetiva’, sistémica, anónima».
La explotación de los recursos naturales impulsada por la codicia —desde los diamantes en Sierra Leona hasta el petróleo en Venezuela y el cobalto y otros minerales de conflicto en la República Democrática del Congo— financia las rebeliones y convierte el conflicto en una empresa rentable.
La privación económica, la confrontación geoeconómica a través de aranceles y sanciones utilizados como armas, y las crisis de los precios de las materias primas determinan directamente la capacidad militar y el resultado de los conflictos.
La violencia política surge no solo de intereses divergentes, sino de la elección deliberada de perseguir objetivos mediante la coacción en lugar de la negociación.
La parálisis del Consejo de Seguridad de la ONU y de las instituciones democráticas refleja lo que Arendt identificó como tiranía burocrática: «En una burocracia plenamente desarrollada, no queda nadie con quien discutir, a quien presentar quejas, sobre quien se puedan ejercer las presiones del poder. […] todos están privados de libertad política, del poder de actuar (…) donde todos somos igualmente impotentes, tenemos una tiranía sin tirano».
Esto refleja la incapacidad de la comunidad internacional para hacer cumplir la rendición de cuentas: los vetos y las rivalidades geopolíticas crean un vacío estructural en el que la violencia prospera sin control. La fragilidad política y el debilitamiento de las instituciones, observados en Siria y Myanmar, hacen que las sociedades sean vulnerables al colapso, la radicalización y la disidencia violenta.
Las condiciones sociales crean climas en los que la violencia se normaliza a través de la desigualdad y la erosión de la cohesión social. La sombría valoración de Thomas Hobbes sobre la naturaleza humana sin restricciones sigue siendo relevante: en el estado de naturaleza, «la vida del hombre [es] solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta».
Aunque Hobbes describió una condición prepolítica, su visión se aplica a las sociedades en las que el gobierno se derrumba y domina el miedo, condiciones que ahora afligen a millones de personas que viven en zonas afectadas por enfrentamientos armados.
Las normas sociales que aceptan la violencia como resolución de conflictos, combinadas con las desigualdades económicas y la falta de participación comunitaria, crean entornos en los que florece la agresión. Esto normaliza la deshumanización, donde, como en Nigeria, Israel y Sudáfrica, la violencia de género, las tensiones étnicas y los agravios históricos alimentan ciclos recurrentes de brutalidad.
Entre los factores a nivel estatal que amplifican la violencia se encuentran la incapacidad de abordar la marginación étnica, la competencia por los recursos y la ausencia de una gobernanza funcional.
Walter Benjamin advirtió sobre la relación de la violencia con la ley y el poder del Estado: «No hay documento de civilización que no sea al mismo tiempo un documento de barbarie» (Sobre el concepto de historia, 1940).
Esta observación subraya cómo las instituciones nacionales perpetúan la violencia a través de sus estructuras fundamentales y sus prácticas excluyentes. Las naciones que caen repetidamente víctimas de guerras civiles e internacionales demuestran la incapacidad de los gobiernos para reconocer y abordar cuestiones desestabilizadoras como la marginación política, religiosa o étnica.
La instrumentalización del aparato estatal mediante la movilización totalitaria de la violencia destruye el espacio mismo donde podría surgir el pensamiento político y la resistencia, como se ha demostrado en China y Eritrea.
La religión, cuando es cooptada por actores políticos o despojada de su núcleo ético, se convierte en un potente catalizador de la violencia, santificando la exclusión y legitimando la brutalidad. Las divisiones sectarias —ya sea en Medio Oriente, el sur de Asia o partes de África— transforman la identidad en un campo de batalla donde el compromiso es herejía y la aniquilación se convierte en un deber.
La visión de René Girard es instructiva: «La religión nos protege de la violencia, al igual que la violencia busca refugio en la religión». Cuando la fe se manipula para justificar el poder o el agravio, como en la India, Israel o Iraq, deja de frenar la violencia y, en cambio, la consagra, profundizando los ciclos de represalia y convirtiendo los conflictos en existenciales en lugar de negociables.
La convergencia de estas dimensiones explica por qué la violencia se ha convertido en una condición básica en lugar de una excepción. Deben considerarse varias medidas para reducir la violencia global.
Aunque lograr el cambio es extremadamente difícil, hay que hacer todo lo posible, siempre que la ciudadanía lidere la iniciativa mediante protestas sostenidas, una defensa continua y una presión implacable sobre los responsables políticos para que promulguen el cambio.
Los gobiernos deben limitar la autoridad del veto restringiendo su uso en casos de genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Los cinco miembros permanentes deben abstenerse cuando estén directamente implicados, transformando el veto de un obstáculo en un mecanismo de rendición de cuentas y abordando la parálisis institucional que permite la violencia sin control.
Los organismos internacionales deben implementar sistemas que vinculen la detección con la acción preventiva, cerrando la brecha entre la alerta y la respuesta. Estos deben integrar análisis predictivos, experiencia local y coordinación transfronteriza para anticipar la violencia meses antes de su estallido, lo que permita una intervención diplomática y humanitaria oportuna.
Los gobiernos deberían implementar políticas que reduzcan la desigualdad de ingresos —incluidos aumentos salariales, reformas fiscales y asistencia financiera— destinadas a abordar los factores desencadenantes de la violencia.
Los créditos específicos, la creación de empleo y las políticas redistributivas alivian la presión financiera que alimenta los conflictos y la delincuencia, haciendo que la prevención estructural sea más eficaz que las medidas reactivas.
Alon Ben-Meir es fundador y presidente del nuevo Instituto para la Resolución de Conflictos Humanitarios, creado este año. Antes ha sido profesor de Relaciones Internacionales, y su última experiencia en el campo docente la ejerció en el Centro de Asuntos Globales de la Universidad de Nueva York. A lo largo de su carrera, se ha especializado en impartir cursos sobre la negociación internacional y estudios de Medio Oriente.
IPS - T: MF / ED: EG - Alon Ben-Meir
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