Con pérdidas estimadas en 25 millones de dólares diarios por ciudad, el debate se traslada de las calles a las cuentas fiscales: ¿es sostenible una estrategia de seguridad que asfixia al mercado interno?
Ecuador atraviesa un estado de excepción que parece haberse convertido en la norma y no en la excepción. Entre el 3 y el 18 de mayo de 2026, el país se detiene nuevamente bajo un toque de queda que restringe la actividad comercial y la movilidad ciudadana desde las 23:00 hasta las 05:00 horas.
Esta vez, la inclusión de Quito ha encendido las alarmas de analistas que ven con preocupación cómo los nodos productivos más importantes del país entran en un esquema de producción "profundamente restringido".
La geografía del toque de queda no es aleatoria, pero sus consecuencias económicas son masivas. Josué Daniel Puma Muñoz, economista experto en economía del desarrollo, destaca que, de los nueve toques de queda ocurridos en los últimos dos años y medio, este es apenas el segundo que incluye a la capital, lo cual es "bastante llamativo" dada la configuración del aporte económico nacional.
"Estamos hablando de que al menos tres de esas provincias están en el top cinco de las provincias que más aportan al PIB. Un aporte, sin exagerar, de un 70% del PIB. Entonces, las provincias que más aportan. En este momento están restringiendo de manera significativa su contribución y están reduciendo su capacidad", explica Puma Muñoz a Sputnik.
Esta restricción ocurre en un contexto de ralentización económica. Gonzalo Criollo Galván, economista y analista, recuerda que las previsiones del Banco Central del Ecuador (BCE) ya apuntan a un crecimiento menor para este año.
"En el 2026 habrá un crecimiento del 2,5%, cuando en el 2025 fue un crecimiento del 3,7%. Eso implica menor crecimiento económico y también ralentización", analiza Criollo.
El sector de servicios, que incluye gastronomía, turismo y entretenimiento, es el más vulnerable. Criollo Galván reporta que asociaciones de bares y restaurantes estiman pérdidas de entre el 40% y el 50% debido a la franja horaria restringida.
"Hay gremios como la Asociación de Restaurantes de Pichincha que hablan incluso de este concepto: el toque de quiebra, porque realmente está afectando de manera brusca, torpe incluso, a cadenas productivas como las del turismo que tienen un impacto significativo", afirma Criollo.
El analista pone una cifra alarmante sobre la mesa: pérdidas de 25 millones de dólares diarios por ciudad, particularmente en los casos de Quito y Guayaquil. El daño no es solo monetario, sino social. Criollo subraya que la cadena turística en Quito genera poco más de 280 empleos por cada millón de dólares invertidos, siendo una de las industrias que más plazas de trabajo sostiene a nivel nacional.
En un país donde el 50% al 65% de la población no tiene un empleo adecuado, el toque de queda impacta directamente en el esquema de subsistencia de los sectores informales. Puma Muñoz explica que la restricción desde las 23:00 afecta a quienes necesitan trabajar hasta altas horas de la noche para surtirse y generar ingresos mínimos.
"Cuando nosotros restringimos la franja horaria, estamos impactando sobre parte importante de las actividades económicas, sobre todo quienes viven al día, quienes necesitan trabajar al menos hasta las 9 o 10 de la noche para poder surtirse y poder hacer un esquema de subsistencia", advierte Puma Muñoz.
Además, el economista resalta una particularidad de la economía ecuatoriana: la dolarización. Al restringir la movilidad de las personas, se inhibe la "movilidad de los dólares".
"Venimos de un proceso recesivo de 2024 en el cual crecimos. En el 2025 logramos llegar a un 1,7% de crecimiento sin considerar que era un efecto rebote esperable", añade Puma, sugiriendo que las restricciones actuales están cortando el flujo necesario para sostener el sistema.
El despliegue de seguridad para este periodo de 15 días representa un gasto corriente masivo. Puma Muñoz realiza un cálculo basado en el despliegue de más de 75.000 agentes de seguridad (Policía y Fuerzas Armadas).
Según sus proyecciones, si se considera un costo de entre cinco y 10 dólares por hora por persona, el toque de queda podría costar al Estado entre 33 y 65 millones de dólares solo en operatividad, sin contar gasolina o logística.
Por su parte, Criollo Galván analiza la proforma presupuestaria de 2026, señalando una distorsión en la inversión: "El Ministerio de Defensa incrementa su gasto corriente en la proforma 2026, pero reduce su gasto de inversión en equipamiento, reduce su gasto de inversión en otros rubros que puedan servir para hacer inteligencia".
Ambos expertos coinciden en una crítica fundamental: la falta de transparencia sobre los resultados. "No sabemos si está funcionando. No sabemos si hemos tenido los resultados que hemos buscado. En este momento estamos con los ojos vendados", sentencia Criollo.
Puma Muñoz refuerza esta idea al cuestionar la lógica estratégica detrás de la inclusión de Pichincha, sugiriendo que estas acciones no se traducen en la captura de grandes perfiles del narcotráfico o incautaciones proporcionales al costo económico.
Para Puma Muñoz, el toque de queda funciona también como un "dispositivo estatal" para recuperar legitimidad ante una crisis de gobernabilidad. Sugiere que la medida en Pichincha podría estar vinculada a una respuesta política frente a la eliminación del subsidio al diésel y la consecuente movilización de los transportistas.
"El toque de queda es el gran dispositivo estatal que en este momento se utiliza para decir: bueno, estamos controlando. Nos está golpeando ya la decisión política del Gobierno de eliminar el subsidio al diésel", afirma.
Desde la perspectiva de seguridad ciudadana, Criollo Galván cuestiona la medida basándose en estadísticas: Quito registra un promedio de apenas dos homicidios por cada 100.000 habitantes, una cifra baja que hace dudar sobre la necesidad técnica de un toque de queda tan restrictivo para la capital en comparación con otras zonas del país.
El Gobierno de Daniel Noboa mantiene que el estado de excepción y el toque de queda son herramientas indispensables para desarticular las redes logísticas del crimen organizado que operan durante la noche.
Según la narrativa oficial, el "Plan Fénix" requiere de estas ventanas de control absoluto para realizar operativos de inteligencia sin riesgo para la población civil. Para el Gobierno, el costo económico es necesario para garantizar la paz a largo plazo, argumentando que sin seguridad no puede haber inversión ni crecimiento sostenible.
Sin embargo, el consenso entre los analistas económicos es que Ecuador no puede permitirse "15 días en 15 días" de parálisis indefinida. Con un mercado interno debilitado y trabajadores percibiendo menos recursos, el riesgo de que el "toque de queda" se transforme definitivamente en un "toque de quiebra" nacional es una realidad que las estadísticas de 2026 ya empiezan a reflejar.
Municipios Pampeanos
