“A pesar de los avances en materia de seguridad en algunas zonas del centro de Puerto Príncipe, la inseguridad es diaria e insostenible para un gran número de haitianos”, declaró el responsable de esa oficina, Carlos Ruiz Massieu.

Las pandillas criminales son responsables del 27 % de las víctimas, mientras que las operaciones de las fuerzas de seguridad causaron 69 % de los muertos y heridos, con decenas de civiles entre ellos, incluidos niños, mientras que las vecinales fuerzas de autodefensa causaron el cuatro por ciento restante.

La violencia sigue extendiéndose más allá de la capital -en el sur-, especialmente en los departamentos de Artibonite y Centre, en el centro y noroeste de este país caribeño de 27 700 kilómetros cuadrados y cerca de 12 millones de habitantes.

“La situación de los derechos humanos en Haití sigue siendo extremadamente preocupante”, resumió Ruiz Massieu.

En su informe, Binuh señala que las operaciones de las fuerzas de seguridad han logrado limitar la expansión territorial de las pandillas en algunas zonas de Puerto Príncipe, pues llegaron a dominar hasta 80 % de la capital, y varios barrios han experimentado una disminución de las actividades criminales.

Pero en los territorios que controlan, las pandillas siguen cometiendo graves violaciones de derechos humanos: asesinatos selectivos, secuestros, extorsiones y destrucción de bienes.

Binuh cita, entre otros casos, el de un niño de 13 años ejecutado en marzo por haber dejado volar una cometa mientras servía como vigía de una pandilla.

En Artibonite, la violencia alcanzó un nuevo umbral a finales de marzo. Entre los días 29 y 31 las pandillas lanzaron ataques coordinados contra 16 localidades del Bajo Artibonite, dirigidos especialmente contra grupos de autodefensa.

Al menos 83 personas murieron y 38 resultaron heridas. Algunas víctimas fueron sacadas de sus casas en plena noche y ejecutadas frente a sus domicilios.

Las pandillas también están implicadas en numerosas violencias sexuales que han afectado a más de 292 víctimas, principalmente mujeres y adolescentes de entre 12 y 17 años.

Binuh subraya que las violaciones colectivas y la explotación sexual se utilizan como instrumentos de terror y control de las poblaciones que viven bajo el dominio de las pandillas. La trata de niños sigue siendo también una práctica preocupante.

Las pandillas -con prácticas de contrabando, tráfico de drogas, secuestros, robos, extorsiones y otros delitos- crecieron en los últimos años, en el contexto de postración económica e inestabilidad política que siguió al asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio de 2021.

Este viernes 8, en la ciudad estadounidense de Miami, un tribunal declaró culpables a cuatro individuos, Arcángel Pretel Ortiz, Antonio Intriago, Walter Veintemilla y James Solages, fueron declarados culpables de conspirar para asesinar o secuestrar a Moïse  y así violar la Ley de Neutralidad de Estados Unidos.

Moïse fue asesinado cuando más de 20 mercenarios extranjeros, en su mayoría colombianos -varios ya condenados en Estados Unidos- atacaron su casa cerca de Puerto Príncipe. Su esposa, Martine, resultó herida durante el ataque.

El informe de Binuh resalta que más de dos tercios de las víctimas en los primeros meses de 2026 murieron o resultaron heridas durante operaciones de las fuerzas de seguridad contra las pandillas, a veces con el apoyo de una empresa militar privada que utiliza drones.

Entre las víctimas se cuentan al menos 69 civiles, incluidos cinco niños. Dos niñas de 7 y 9 años resultaron gravemente heridas tras la caída de un dron en el patio de su casa en Martissant, un barrio densamente poblado de Puerto Príncipe.

Binuh también informa de persistentes denuncias de ejecuciones sumarias en las que estarían implicados agentes de policía. Estos incidentes habrían causado la muerte de 33 personas.

También son recurrentes los enfrentamientos entre bandas rivales, por el control de barrios y de carreteras importantes, para imponer cobros de peaje.

El clima de violencia ha provocado el desplazamiento de sus hogares de 1,4 millones de personas en los últimos tres años, agravando la crisis humanitaria que afecta al país al punto de que las agencias de la ONU estiman que al menos la mitad de la población necesita asistencia alimentaria, de salud y de refugio.

La situación de crisis gravita en contra del proceso de reinstitucionalización del país, que debería efectuar elecciones este año para contar con un gobierno que reemplace al actual, provisional, a partir de 2027.

La ONU ha aprobado la conformación de una fuerza armada internacional para la represión de las pandillas, con hasta 5500 efectivos, que deberá trabajar en apoyo a la policía haitiana.

A-E/HM - Corresponsal de IPS