MADRID – Después de décadas de negociaciones, el 9 de enero la Unión Europea respaldó por mayoría cualificada la firma de un acuerdo comercial con el Mercado Común del Sur (Mercosur) –integrado por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia y con Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú y Suriname como asociados–. Previsiblemente, el acuerdo se firmará el 17 de enero, en Asunción.
Desde el principio de las negociaciones, el acuerdo ha generado amplios debates y ha provocado el descontento de muchos agricultores, que critican el desconocimiento de su realidad por parte de los burócratas de Bruselas, cuestiones relacionadas con la Agenda 2030 y la asimetría de los Estados miembros en temas agrarios.
Esa insatisfacción ha derivado en numerosas protestas, como las ocurridas en los últimos días, que reflejan un malestar estructural del campo europeo frente a políticas que, desde la perspectiva de muchos agricultores, ponen en riesgo su viabilidad económica y la equidad competitiva del mercado agrícola comunitario.
Recientes estudios sobre movimientos de protesta agraria han mostrado que las reformas de la Política Agraria Común (PAC) –especialmente aquellas asociadas a mayores exigencias medioambientales y a la simplificación burocrática– han dado lugar a tensiones persistentes entre los agricultores y las instituciones europeas.
Las protestas que han generado no son inéditas, sino parte de una historia de movilizaciones que han influido en la evolución de la PAC desde sus primeras décadas. Las quejas de los agricultores abarcan desde la gran carga de regulaciones ambientales que deben cumplir hasta la percepción de que los mecanismos de apoyo financiero no reflejan adecuadamente los desafíos económicos contemporáneos del sector.
El acuerdo comercial entre la UE y el bloque sudamericano del Mercosur se ha negociado durante décadas y pretende crear una de las zonas de libre comercio más amplias del mundo.
Aunque sus defensores destacan los beneficios macroeconómicos y geopolíticos de eliminar aranceles y facilitar el comercio entre regiones, numerosos agricultores en Europa han expresado su oposición por considerar que la apertura comercial puede traducirse en competencia “desleal” frente a productos agrícolas que no están sujetos a las mismas normas ambientales y sanitarias de la UE.
El acuerdo supone la eliminación de los aranceles de 35 %, que tenían que pagar las empresas europeas por acceder a los países del Mercosur. Esto multiplicará los flujos comerciales en la mayor área comercial del mundo, en un momento donde las relaciones con Estados Unidos pasan por una situación crítica.
Como suele ocurrir, hay sectores perjudicados por la nueva competencia en las importaciones (cereales, arroz, vacuno o miel) y otros con posibilidad de expansión de mercado (aceites, vinos, porcino, lácteos).
Este tipo de acuerdos de libre comercio tiene efectos diferenciados sobre el comercio agroalimentario y puede generar tensiones específicas en sectores sensibles. Por ejemplo, la política de subsidios de la UE –parte integral de la PAC– afecta a la dinámica competitiva entre productores europeos y socios comerciales, así como las oportunidades de acceso al mercado para productores del Mercosur.
El 18 de diciembre de 2025, miles de agricultores europeos bloquearon el centro de Bruselas con tractores para protestar contra lo que consideran un recorte del presupuesto de la PAC y contra la firma del acuerdo entre la UE y Mercosur. Estas movilizaciones coincidieron con una cumbre de líderes europeos, subrayando la capacidad del movimiento agrario para influir en la agenda política comunitaria.
Organizaciones agrarias, como la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (Asaja), la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) y la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), denunciaban que la propuesta del Marco Financiero Plurianual para 2028-2034 implicaría una reducción significativa de los fondos dedicados a las ayudas directas y al desarrollo rural, lo que, según sus representantes, pone en riesgo la seguridad alimentaria y la cohesión territorial en Europa.
Paralelamente, los manifestantes cuestionan que el acuerdo Mercosur se negocie sin mecanismos de reciprocidad que obliguen a que los productos importados cumplan con los mismos estándares ambientales, sanitarios y laborales que los productores europeos están obligados a respetar.
Estos movimientos expresan no solo reclamos económicos, sino también resistencias culturales ante cambios estructurales del sector y tensiones entre globalización comercial y políticas públicas nacionales o regionales.
En particular, en las protestas de 2023-2024 los agricultores articularon demandas sobre precios justos, cargas administrativas y reglas de comercio internacional en el marco de una política agrícola que se enfrenta a la transición hacia sostenibilidad ambiental y competitividad global.
Además, algunos análisis señalan que las reformas ambientales vinculadas a la PAC, aunque necesarias para cumplir los objetivos climáticos de la UE, han sido percibidas como desigualmente costosas para pequeños y medianos productores –los primeros disponen de menos recursos para afrontar los cambios–, lo cual alimenta las tensiones entre agricultura tradicional y modelos de producción sostenibles.
Las protestas de los agricultores europeos contra la PAC y el acuerdo con Mercosur reflejan una profunda disyuntiva entre las políticas comunitarias de sostenibilidad y liberalización comercial, por un lado, y la demanda de seguridad económica y estabilidad del sector agrario, por el otro. Estas movilizaciones ponen en evidencia la necesidad de diseñar políticas agrícolas y comerciales más equilibradas, que consideren tanto la competitividad internacional como la equidad social y ambiental dentro de la UE.
A pesar del descontento del sector, el presidente rotatorio de Mercosur, el canciller de Paraguay, Rubén Ramírez, ha asegurado que las medidas de salvaguarda para los agricultores europeos aprobadas por la Comisión Europea en diciembre “no forman parte del histórico acuerdo de libre comercio suscrito en Montevideo en diciembre del año pasado”.
El frente multipolar que se vislumbra nos traerá previsiblemente más protestas tanto a nivel comunitario como nacional y local, solapándose con otros aspectos de la coyuntura internacional, como los temas financieros de ayuda a Ucrania y las posturas trumpistas en comercio exterior, que sirven de marco para el desarrollo de la PAC. El declive geopolítico de la UE en el nuevo contexto, que desplaza el centro decisorio del Atlántico al Pacífico, supone una razón de peso para afianzar la sostenibilidad alimentaria como arma estratégica.
IPS - RV: EG - JULIÁN BRIZ ESCRIBANO, ISABEL DE FELIPE BOENTE
Este artículo se publicó originalmente en The Conversation.
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