Esa acción “hizo que todos los Estados sean menos seguros en todo el mundo”, dijo la portavoz del alto comisionado, Ravina Shamdasani, durante una conferencia de prensa en esta ciudad suiza.

Rechazó la justificación de Washington para su intervención basada en el historial de derechos humanos “prolongado y espantoso” del gobierno venezolano, pues “la rendición de cuentas por violaciones de derechos humanos no puede lograrse mediante una intervención militar unilateral en violación del derecho internacional”.

“Lejos de ser una victoria para los derechos humanos, esta intervención militar, que contraviene la soberanía venezolana y la Carta de las Naciones Unidas, daña la arquitectura de la seguridad internacional”, expuso Shamdsani.

Abundó indicando que ese es un punto que ha destacado el secretario general de la ONU, António Guterres. Gobiernos de todas las regiones del mundo también han señalado la violación de la Carta de la ONU en relación a los hechos del 3 de enero.

La Carta, recordó, “establece que los Estados no deben amenazar ni usar la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de ningún Estado”.

A los bombardeos e incursión de comandos estadounidenses -en los que murieron decenas de soldados venezolanos y guardaespaldas cubanos de Maduro-, y la captura del gobernante y su esposa Cilia Flores, siguió un relevo en la presidencia de Venezuela, asumida por la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez.

No obstante, el presidente estadounidense Donald Trump ha expresado que es él quien está a cargo de dirigir Venezuela, y designó un equipo de colaboradores para tal fin, con su vicepresidente James D. Vance, los secretarios de Estado y de Defensa, Marco Rubio y Peter Hegseth, y el asesor de seguridad Stephen Miller.

Por otra parte, la oficina del Alto Comisionado recordó que su delegación fue expulsada de Venezuela por el gobierno de Maduro, en febrero de 2024, tras sus informes sobre el deterioro de la situación de los derechos humanos en ese país.

Investigaciones independientes encargadas por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU también han detallado abusos graves y continuos contra opositores.

Los derechos del pueblo venezolano “han sido violados durante demasiado tiempo, y merece una rendición de cuentas a través de un proceso justo y centrado en las víctimas”, dijo Shamdasani.

Expresó entonces su preocupación acerca de que la inestabilidad y la mayor militarización del país, en respuesta a la intervención de Estados Unidos, puedan empeorar la situación.

En Venezuela se ha declarado un estado de emergencia que restringe la libre circulación de las personas, establece la incautación de bienes necesarios para la defensa nacional y la suspensión del derecho de reunión y de protesta.

“Estamos particularmente preocupados, dado el historial que tiene el gobierno en la represión de la libertad de expresión, la protesta y la libertad de reunión, utilizando el pretexto de la seguridad nacional”, dijo Shamdasani.

Sostuvo que el alto comisionado “hace un llamado a Estados Unidos y a las autoridades venezolanas, así como a la comunidad internacional, para que garanticen el pleno respeto del derecho internacional, incluidos los derechos humanos”.

“El futuro de Venezuela debe ser determinado únicamente por el pueblo venezolano, con pleno respeto de sus derechos humanos, incluido el derecho a la autodeterminación, y la soberanía sobre sus vidas y sus recursos”, afirmó.

En sus exposiciones sobre el tema Venezuela, las autoridades de Estados Unidos continuamente destacan su interés por la reactivación y conducción de la industria del petróleo, un recurso del que posee cuantiosas reservas el país sudamericano.

IPS - A-E/HM - Corresponsal de IPS