Mientras los argentinos se preparaban para el brindis de Año Nuevo, y en pleno receso del Congreso, el presidente de Argentina, Javier Milei, modificó por decreto 40 artículos de la Ley de Inteligencia Nacional (25.520), lo que desató críticas ante el temor a que los agentes de los servicios secretos tengan carta blanca para operar por fuera de la ley bajo el pretexto de la seguridad nacional.
Según el DNU 941/2025 del 31.12.2025, publicado en el Boletín Oficial el 2.01.2026 sin respetar el debido procedimiento legislativo de presentarlo ante el Congreso, los agentes podrían, sin orden judicial, detener a personas "en el marco del desarrollo de actividades de inteligencia, auxilio o requerimiento judicial y/o comisión de delitos en flagrancia", con la condición del "aviso inmediato" a las fuerzas policiales y de seguridad. A muchos argentinos este accionar les recuerda a los métodos usados por los servicios de inteligencia durante la dictadura militar (1976-1983), y algunos consideran la reforma "un duro golpe para la democracia".
Milei ya reformó la Ley de Inteligencia con dos decretos en 2024. En julio de 2025, un informe de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) de nueve páginas, filtrado por el renombrado periodista Hugo Alconada Mon, causó conmoción: contenía datos de espionaje a dirigentes políticos, sociales y sindicales y abría nuevamente el interrogante sobre si el Estado argentino controla realmente las actividades de sus servicios secretos.
Ahora, este nuevo decreto ha puesto en alerta a organismos de defensa de los derechos civiles. Diego Morales, director del Área de Litigio y Defensa Legal del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) dice al respecto, en entrevista con DW: "Consideramos que esta reforma es inconstitucional y por eso pedimos la nulidad en términos judiciales", enviando a este medio un punteo del recurso de amparo colectivo que presentará ese organismo.
Asimismo, el abogado indica que "el CELS se está comunicando con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las relatorías de la ONU, porque la reforma no solo reorganiza las estructuras de inteligencia, sino que habilita con nuevas facultades a los agentes de inteligencia, lo que trae consecuencias sobre el derecho a la autonomía, la privacidad, la libertad ambulatoria y la participación social de las personas".
El Gobierno argentino, por su parte, señaló en un comunicado que el nuevo decreto busca "modernizar estructuras, evitar la superposición de funciones y mejorar el intercambio de información estratégica", y dijo que está "alineada con los más altos estándares democráticos", si bien el texto no alude al punto de las detenciones.
La reforma convierte a la SIDE en el principal órgano del Sistema de Inteligencia Nacional (SIN), lo que otorga mayor poder a Santiago Caputo, asesor de Milei y estratega de su éxito electoral, quien supervisa esa área a través del secretario de Inteligencia, Cristian Auguadra.
Consultado por DW, el analista político argentino Marcos Novaro señala que la nueva reforma "viene muy mal barajada": "Incluso los aliados del Gobierno se desayunaron de este decreto, de carácter sorpresivo e inconsulto, y hasta amañado, lanzándolo el último día del año, sobre un tema muy sensible, con el trasfondo de una historia de fracasos de los esfuerzos democráticos por establecer un mínimo control sobre lo que hacen los servicios de inteligencia".
Novaro destaca que la "promesa" de peronistas y radicales (Unión Cívica Radical, de centro) -cuando se promulgó la ley 25.520, en el 2001- de que fuera un instrumento para normalizar la situación de los servicios de inteligencia "no se ha cumplido, y este decreto no parece abonar una mejor solución, sino todo lo contrario".
Según el analista, tampoco las reformas de los gobiernos kirchneristas, ni los de Mauricio Macri, Alberto Fernández o el del propio Javier Milei lo lograron, e incluso "han llevado a una descomposición mayor" del sistema de inteligencia. Así se han generado "kioscos de información con agentes que trabajan con frecuencia por su cuenta en temas judiciales o investigaciones en curso, y que influyen en la política". Los agentes "a veces trabajan para sí mismos y otras veces para sus patrones, y este decreto de Milei no parece que vaya a remediar eso", lamenta.
A juicio de Marcos Novaro, "el desafío principal del Gobierno es controlar lo que hacen los servicios de inteligencia".
Ante voces de juristas y sindicatos como la CGT y la CTA, que denunciaron en medios que el nuevo decreto tiene como fin imponer un Estado represor y silenciar a la oposición, a los sindicatos y a toda la sociedad civil, Novaro, investigador del CONICET, califica esa reacción de "exagerada".
"El decreto es ilegal, pero también se trata de una especie de show, de una provocación del Gobierno para mostrar que se está dando más poder a los agentes de inteligencia, cuando en realidad no lo necesitan, porque ya le hacen inteligencia a la oposición, a sus mismos socios, e incluso a los propios funcionarios del Gobierno", sostiene.
Entre otras cosas, las voces críticas también alegan que la nueva regulación busca ampliar la actuación de la inteligencia militar, lo que daría más atribuciones a las Fuerzas Armadas para servir en inteligencia y seguridad interior. Esto viola el Artículo 99 de la Constitución argentina, que limita su función.
Por su parte, el abogado Diego Morales, del CELS, remarca que el uso y la protección de datos personales es un gran interrogante: "Es cierto que hay límites para el uso de las bases de datos por parte de las agencias estatales vinculadas con la seguridad. Y como este DNU implica que las autoridades pueden acceder sin previsiones legales a toda la información que gestiona el Estado, incluyendo la que no está vinculada con temas de seguridad nacional, como la del Registro Nacional de las Personas (RENAPER), que incluye huellas digitales y datos biométricos, cabe preguntar qué se va a hacer con toda esa información. Esto genera mucha incertidumbre", advierte Morales.
También debido a las advertencias de organismos como Madres de Plaza de Mayo y Abuelas de Plaza de Mayo, y del Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, ante lo que podría significar un cercenamiento de la libertades civiles, el asunto ocupa a la sociedad argentina. Las denuncias y críticas tienen visos de continuar durante el receso parlamentario, que termina el 1 de marzo.
"No estoy subestimando los riesgos que se derivan de este sistema de inteligencia que ya funciona de manera facciosa y es utilizado por los gobiernos de manera ilegal, pero esta es una simulación de reforma", aclara Marcos Novaro. Sin embargo, "el principal problema es que no está saldada la discusión sobre cómo se reforma a estas instituciones para que el Estado tome el control de ellas. Hay ciertos mecanismos de control en Argentina que no funcionan", concluye. DW (ms)
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