Cada vez son más las voces que están llamando la atención sobre la flagrante ilegalidad de la actuación militar de Estados Unidos en Venezuela. No es algo nuevo. Sin embargo, hay algo histórico en el discurso pronunciado por Donald Trump el pasado 3 de enero. Y es que, por primera vez, un presidente estadounidense reivindica de manera franca y cruda su derecho a invadir y a ocupar todos los países que considere necesario si eso le permite hacerse con sus recursos naturales. 

En un inicio, Trump apeló también a la supuesta condición de “terrorista” o de “narcotraficante” en grado de conspiración de Nicolás Maduro. Pero no lo hizo con mucha convicción ni se esforzó en aportar pruebas. Entre otras razones porque poco antes había indultado al expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández, condenado, él sí, a 45 años de prisión por narcotráfico en los propios Estados Unidos. 

Trump no insistió más en la acusación de narcotráfico ni aportó prueba alguna al respecto porque prefirió dejar clara la razón principal de la intervención militar: el control del petróleo. No hubo, como en casos anteriores, apelación a “armas de destrucción masiva”, a la defensa de “la democracia” o a “los valores occidentales”. Lo que Trump quiso subrayar de manera cruda es que, a partir de ahora, Estados Unidos se reserva la prerrogativa de bombardear y ocupar cualquier país que dificulte su acceso al petróleo o a recursos básicos, por ejemplo, en razón de los vínculos comerciales que mantiene con China. 

En la mirada de Trump, esta prerrogativa de intervención afecta sobre todo a América Latina, concebida como “patio trasero” de Estados Unidos en la línea de lo que acaba de rebautizar como Doctrina “Donroe”. Sin embargo, hace tiempo que el presidente de Estados Unidos la viene concibiendo como una potestad universal: lo que vale para los recursos de Venezuela vale para los de Groenlandia, Canadá, Colombia o México. O para cualquier país, en realidad, que pueda desempeñar un papel relevante en el acceso regional a esos recursos, como Nigeria, Irán o la propia Palestina.

La franqueza con la que Trump ha defendido el uso de la fuerza bruta en las relaciones internacionales es inédita. Pero esta sinceridad brutal, gangsteril, tiene una contrapartida. Y es que su negación radical del Derecho y de la legalidad como elementos de contención de la violencia arbitraria puede fácilmente volverse en su contra. 

De entrada, porque le quita legitimidad no solo respecto de sus adversarios sino frente a sus propios aliados. En Estados Unidos, las voces que han calificado la política belicista de Trump como un atropello al Poder Legislativo y a la Constitución del país no son solo voces progresistas, como las de Bernie Sanders, Alexandra Ocasio Cortez o Zohran Mamdani. También nombres vinculados al Partido Republicano, como el congresista Thomas Massie o los senadores Rand Paul o Susan Collins, entre otros. 

Igualmente, son muchos los países tradicionalmente cercanos a Estados Unidos que, de forma pública o con mayor discreción, comienzan a manifestar su preocupación por la manera desvergonzada en que Trump desprecia la legalidad internacional. 

En primer lugar, porque cada vez que el presidente presume de acciones que el Estatuto de Roma considera crímenes de agresión o de guerra o dinamita la Carta de Naciones Unidas, les quita autoridad para exigir a países como Rusia o China que se adecuen a esa legalidad. 

Por otra parte, porque eso los obliga a asumir un doble rasero difícilmente explicable para sus propias opiniones públicas. Así, son muchos los países aliados de Estados Unidos que detestan políticamente a Maduro, pero que consideran que bendecir sin más el secuestro y la privación ilegítima de la libertad de un jefe de Estado extranjero, o de su esposa, es un precedente peligroso. 

Y es que si las aventuras imperiales de Trump, además de éticamente reprochables, son ilegales en los términos del Estatuto de Roma o de la Carta de Naciones Unidas, quien hoy aparece como el más fuerte puede acabar en serios problemas.

Tras la invasión de Trump a Venezuela, la Asociación Americana de Juristas, el Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia y otros colectivos de juristas están reuniendo evidencia para realizar una denuncia ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Del mismo modo, hay quienes se plantean recurrir al Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas e incluso presentar un amicus curiae [aportación externa de argumentos jurídicos frecuente en Estados Unidos en casos de gran relevancia social] ante el tribunal del distrito sur de Nueva York que juzgará a Maduro y a su mujer.

En el corto plazo, habrá que ver si el sistema de justicia de la primera potencia militar del mundo, esta vez bajo jurisdicción del juez Alvin Hellerstein, ampara o no la actuación a todas luces inconstitucional de Trump y sus halcones. Del mismo modo, habrá que seguir de cerca el pronunciamiento de los diferentes Estados del mundo en Naciones Unidas y otras instancias internacionales. 

En cualquier caso, las esperanzas de una alternativa al despotismo global que Trump y sus oligarcas pretenden imponer solo pueden cifrarse en la reacción de los pueblos y de las opiniones públicas internacionales. Porque lo que ya comienza a emerger, en el fondo, es la idea de que el imperialismo, además de ser brutal, tiene mucho de ilegal. Y esta idea no solo está calando entre juristas de diferentes partes del mundo. También está calando entre las miles de personas que, como ocurrió con Palestina, se están manifestando en las calles contra la arrogancia de Trump y de Marco Rubio y en defensa de la soberanía de los pueblos. 

Y no estamos hablando solo de Caracas, sino de ciudades tan disímiles como París, Nueva York, Barcelona, Madrid, Ciudad de México o Atenas. En todas ellas, se advierte un hartazgo creciente frente a quienes, como Trump, se afianzan en el uso desembozado de la fuerza sencillamente porque la tienen y porque se creen invulnerables.

Si este hartazgo se convierte en rabia y en una oposición creciente y masiva a estas actuaciones, el futuro puede estar abierto. Porque, cuando una gran potencia renuncia a toda autolimitación ética y jurídica puede parecer temible e imbatible en el corto plazo. Pero en el mediano y largo término, lo que se vislumbra es algo distinto: que esa exhibición de arrogancia imperial y de uso descarnado de la fuerza esconde en el fondo una gran debilidad. Y que aquello que a veces se presenta como superioridad irresistible puede convertirse fácilmente en la antesala de un abrupto declive.

Por Gerardo Pisarello* – Contexto y Acción (CTXT) *Gerardo Pisarello, Diputado por Comuns. Profesor de Derecho Constitucional de la UB.