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En escalas distintas, con legitimidades distintas y consecuencias incomparables, ambos casos exponen una misma lógica de poder: cuando el objetivo es presentado como urgente, el procedimiento pasa a segundo plano.
“El estado de excepción en el que ahora vivimos es en verdad la regla”. La frase de Walter Benjamin tiene más de 80 años y ese “ahora” al que hacía referencia eran los totalitarismos europeos. Lejos de Venezuela y de la Argentina.
Sin embargo, cobra valor en este tramo del siglo XXI, y puede ser una herramienta para analizar una semana donde asoma un clima de excepción permanente. La excepción, claro, es lo opuesto a la norma. Y cuando la excepción se convierte en norma, hay un problema para todo el sistema.
En la región, con la intervención de EEUU en Venezuela para terminar con la dictadura de Nicolás Maduro, por fuera de todo marco del derecho internacional. En el plano local, el continuismo de gobernar por decreto con la reforma de la SIDE, aun cuando la promesa de Javier Milei era generar un marco de “norma” y evitar la excepción con un Congreso más amigable tras el recambio legislativo. Las señales de gobernabilidad y de apego a las leyes que reclamaba, paradójicamente –o no tanto-, la administración de Donald Trump.
En escalas distintas, con legitimidades distintas y consecuencias incomparables, ambos casos exponen una misma lógica de poder: cuando el objetivo es presentado como urgente, el procedimiento pasa a segundo plano.
“La necesidad no tiene ley”, es una de las frases sobre la que se centra toda la aplicación de un estado de excepción. Acaso, el carácter subjetivo de la necesidad, que no tiene una definición ad hoc, lleva a que ambos casos, respecto al derecho nacional y al internacional – respectivamente-, muestren hasta qué punto el poder democrático tensa los límites cuando hace falta. “El intento de resolver el estado de excepción en el estado de necesidad se encuentra de este modo con tantas y aún más graves aporías que las que presentaba el fenómeno que habría debido explicar”, expresó el filósofo italiano Giorgio Agamben, otro teórico que retomó la cuestión de los límites muchas veces borrosos entre la norma y la excepción, para quien “la necesidad es una decisión”.
Trump aplicó la Doctrina Monroe, que tiene más de 200 años, para intervenir en Venezuela. Mencionó que los intereses de EEUU estaban amenazados por Maduro, a quien sindicó como terrorista y como líder del cártel de los Soles, presuntamente conformado por células articuladas dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), hecho que le habría permitido enviar drogas a Norteamérica a través de rutas militares. La Doctrina Monroe, surgida en el SXIX como un reaseguro para evitar el colonialismo europeo en continente americano, amplió alcances. Y, también, aparece en el supuesto acuerdo tras bambalinas entre Putin y Trump, según confiaron fuentes de EEUU a Ámbito, para que Rusia se mantenga lejos de Venezuela. La contraparte: EEUU no intercedería por Ucrania.
El decreto de Milei para reformar la SIDE dice en sus considerandos que apeló al DNU por la relevancia de las tareas y la vulnerabilidad del país en materia de inteligencia: “Esperar la cadencia habitual del trámite legislativo irrogaría un importante retraso que dificultaría actuar en tiempo oportuno y obstaría al cumplimiento efectivo de los objetivos de la presente medida”, menciona el texto publicado esta semana en el Boletín Oficial, redactado entre copas de brindis del Año Nuevo.
En verdad, el estado de excepción no es ni externo ni interno al ordenamiento jurídico, y el problema de su definición concierne precisamente a un umbral, o a una zona de indiferenciación.
Si algo hay que reconocerle a Javier Milei es que se posicionó en el bando ganador. El Gobierno, con una política exterior atada a las simpatías del Presidente, celebró la detención de Maduro. Antes, Milei había acertado al cuestionar antes que sus pares el fraude electoral de Maduro, que le permitió seguir en el poder pese a las evidentes tropelías en el proceso y en el recuento de votos. Ahora, se aferró más a la alianza con Trump, clave además en la victoria electoral de LLA en octubre, vía salvataje financiero y apoyo explícito político.
El comunicado firmado por el canciller Pablo Quirno hace foco en el “narcoterrorismo” que afecta a la región. No duda en el primer párrafo en llamar a Nicolás Maduro “líder del Cartel de los Soles, declarada como organización terrorista por el Gobierno argentino el pasado 26 de agosto”. Sabe Cancillería que hay consenso entre los especialistas en que la intervención de Estados Unidos en Venezuela no tiene fundamentos en el derecho internacional. Pero el paraguas del narcotráfico es lo que ata la invasión a la norma.
Otro pensador que ahondó en la cuestión de lo excepcional es el alemán Carl Schmitt: “En la decisión sobre el estado de excepción, la norma es suspendida o, inclusive, anulada; pero aquello que está en cuestión en esta suspensión es, una vez más, la creación de una situación que haga posible la aplicación de la norma”. Para Schmitt, "el soberano es aquel que decide acerca de la excepción".
Es en estas circunstancias donde se juega el poder y donde aparece la decisión del soberano, quien se convierte en la misma ley. Es Trump el que no aplica el derecho internacional, lo interpreta y lo ejecuta. Tiene una ventaja, y que en la lógica amigo-enemigo que también profundiza Schmitt se enfrenta a un dictador. “El enemigo político no necesita ser moralmente malo o estéticamente feo; él no necesita aparecer como un competidor económico, y puede incluso ser ventajoso, hacer negocios con él. Pero es, a pesar de todo, el otro, el extraño”, dice el teórico alemán, cuestionado por complicidad con el nazismo. En este caso, Maduro es malo y el feo: torció resultados electorales, encarceló opositores, envió al ostracismo a millones de venezolanos, silenció disidencias, intentó perpetuarse.
En diálogo con Ámbito, el doctor y máster en ciencia política (Universidad de Pittsburgh) Juan Negri coincidió que el operativo "no está justificado" y explicó que "esto de capturar el Estado es una violación clara dentro del derecho internacional vigente y por eso obviamente muchos lo están condenando". "El derecho internacional a veces es como caperucita roja. No es la primera vez que una potencia mundial no lo respeta”, agregó.
El caso del DNU que modifica las funciones de inteligencia también tiene visos de confundir la excepción con la norma. El Ejecutivo no busca una nueva ley: la reemplaza por decisión propia. Hay matices, como siempre en estas cuestiones. Conocedores del funcionamiento de la SIDE explican que no habrá cambios en la práctica, que el organismo de inteligencia no tiene los recursos que se necesitan para ampliar las funciones. Otros lo leyeron en clave de la interna del Gobierno: ciberseguridad se escinde y pasa a la órbita de Jefatura de Gabinete. Es decir, de Manuel Adorni, alfil de Karina Milei. Pero Santiago Caputo concentra el grueso de la estructura que ahora tiene poder de policía y la posibilidad de investigar con el área de contrainteligencia a todo aquel que pueda ser sospechoso. De nuevo: la necesidad es subjetiva, y en este tema más que en otros. Bajo estos nuevos preceptos, el autor de una nota periodística puede ser “investigado” por haber recibido información del Gobierno. Un disparate que los más experimentados desestiman: “No hay recursos”, repiten.
Sin embargo, más allá de la valoración de la reforma y de las necesidades del Estado en materia de inteligencia, lo que está en juego es la fabricación de un estado de excepción. “Ni necesidad ni urgencia en el DNU que modifica el sistema de inteligencia del país. Concede facultades extraordinarias al presidente, entre otras aberraciones, un funcionario podrá detener a personas en la vía pública. Espero que la Justicia declare la inconstitucionalidad”, dijo el constitucionalista Daniel Sabasay en su cuenta de X.
Coincidió su par Andrés Gil Domínguez, quien apuntó específicamente contra los artículos que habilitan tareas de “contrainteligencia” dentro del Sector Público Nacional por ser mecanismos de regímenes autoritarios, los estados de excepción por excelencia, que “se presenta como la forma legal de aquello que no puede tener forma legal”, según Agamben, autor de Homo Sacer.
En el Congreso, los bloques opositores solicitaron la conformación de comisiones para debatir y tratar el decreto. Hoy no están integradas las comisiones bicamerales de Trámite Legislativo y de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia.
No es la primera vez que Javier Milei evita “esperar la cadencia habitual del trámite legislativo”. El decreto 70/23 a días de asumir buscó legislar en temas laborales, administrativos, declarar emergencias, desregular la economía. Muchos puntos fueron bloqueados por la Justicia.
Tampoco es la primera vez que EEUU se saltea la carta orgánica de la ONU, en especial el capítulo 1, el que pide “mantener la paz y la seguridad internacionales; tomar medidas para eliminar amenazas a la paz y suprimir actos de agresión; lograr por medios pacíficos el arreglo de conflictos internacionales y respetar la libre determinación de los pueblos”.
El riesgo trasciende estos casos puntuales. El problema es que la excepción pueda “transformarse en una práctica de gobierno duradera”, como menciona Agamben. “La creación deliberada de un estado de excepción permanente (aunque eventualmente no declarado en sentido técnico) ha pasado a ser una de las prácticas esenciales de los Estados contemporáneos, incluidos los denominados democráticos”, añade.
De algún modo, es lo que deja latentes varios interrogantes, que han expuestos líderes de todo tipo. Una de las referentes de la ultraderecha europea, la francesa Marine Le Pen, dijo en un extenso tuit: “La soberanía de los Estados nunca es negociable, independientemente de su tamaño, poder o continente. Es inviolable y sagrada. Renunciar hoy a este principio por Venezuela, por cualquier Estado, equivaldría a aceptar nuestra propia servidumbre mañana. Esto sería un peligro mortal”. El brasileño Lula, figura de la centroizquierda latinoamericana, coincidió en que el operativo en Venezuela “sienta un precedente extremadamente peligroso para toda la comunidad internacional”. “Atacar a los países, en flagrante violación del derecho internacional”, prosigue en otro texto de varios caracteres.
Tal vez, la pregunta que hay que hacerse (y la que genera un manto de incertidumbre y peligro) es la que se hizo el italiano Agamben, pensando en otro contexto: “¿Qué significa vivir en un estado de excepción permanente?”.
ÁMBITO POR ARIEL BASILE
