"Decidimos no renovar los alcances de los decretos 1040/20 y 70/23 (no confundir con DNU 70/23) por el cual se había prohibido la exportación de desechos metales y no ferrosos", informó el ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger.

Dado que el presidente, Javier Milei, señaló que "el poder del Estado no se debe usar para redistribuir arbitrariamente ingresos entre los actores de un mercado", Sturzenegger defendió que la prohibición que hasta ahora impedía exportar chatarra "era nociva por varios motivos".

"Primero, porque al deprimir el precio local de los desechos desincentivaba el reciclado", consideró el ministro.

El impedimento de sacar desechos al exterior también era perjudicial "porque prohibía un sinfín de negocios de reciclado para amplísimos sectores de la economía, por dar un ejemplo, cables de cobre desechados por las telefónicas, que tienen un activo mercado para reciclado en el exterior, no podían exportarse", continuó Sturzenegger.

Numerosas empresas manifestaron su interés en abrir negocios a través de estos desechos, por lo que el mantenimiento de la prohibición "beneficiaba a los procesadores de dicha chatarra, pero perjudicando a quienes la producían (típicamente empresas más pequeñas de reciclado), al tiempo que se perdían centenas de negocios de valorización de residuos", planteó el funcionario.

La norma que impedía la exportación de desechos metalúrgicos de hierro, acero, cobre, aluminio y otros similares se implementó en enero de 2009, durante el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015).

El Ejecutivo consideró en aquel momento que así aumentaba la oferta de metales básicos, lo que permitiría que bajasen sus precios dentro del mercado interno.

La resolución conjunta del entonces Ministerio de Producción y del Ministerio de Economía y Finanzas que prohibió la salida de chatarra al exterior señaló en aquel momento que la industria argentina veía afectado "el aprovisionamiento de desperdicios y desechos de metales ferrosos, siendo estos materia prima esencial para su desenvolvimiento".

Esta medida tenía una duración prevista de 180 días, "pero como en Argentina todo lo transitorio tiende a convertirse en permanente, se renovó con los decretos", criticó el funcionario antes de detallar las 11 normativas que se publicaron.

La actual Administración presidida por Milei apuesta por una desregulación de la economía bajo la consideración de que así se estimula la competencia y se favorece su desarrollo.