"El accionar de la casta sindical les sacó a los argentinos un total de 151 millones de dólares en el día de ayer [30 de octubre] o su equivalente en pesos 172.000 millones de pesos", puntualizó el portavoz presidencial, Manuel Adorni, durante una rueda de prensa en la Casa Rosada, sede del Ejecutivo.

Solo los vuelos que tuvo que cancelar la empresa estatal Aerolíneas Argentinas conllevaron una pérdida de 2,1 millones de dólares. La parálisis de las terminales agroexportadoras supuso un perjuicio de 140 millones adicionales solo en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe (centro-este) y "otro tanto en las de la provincia de Buenos Aires (este)", añadió el funcionario.

La detención de los trenes de carga añadió casi un millón de dólares en pérdidas, a los que se suma otra merma de 250.000 dólares por la falta de servicio de los ferrocarriles de pasajeros.

"Así sigue la cuenta de la consecuencia que trae que estos pocos hayan intentado hacer que mucha gente no pueda ir a trabajar", cuestionó Adorni durante su comparecencia.

El cese total de actividades fue impulsado por la Mesa Nacional del Transporte, integrada por la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (Catt) y la Unión General de Asociaciones Sindicales de Trabajadores del Transporte (Ugatt), que aglutinan a numerosos gremios. Los sindicatos cuestionaron las políticas de ajuste del Gobierno que preside Javier Milei, al señalar que la actual gestión "decidió avanzar de forma unilateral con políticas públicas que afectaron el salario y los derechos laborales de los trabajadores".

En estaciones de trenes de la capital argentina, el Gobierno difundió mensajes a través de las pantallas y los megáfonos mensajes contra el paro nacional. "Los sindicalistas no te dejan trabajar", "por una medida de fuerza de los gremialistas para apoyar sus privilegios, este miércoles no habrá servicios de transportes", "si te obligan a parar, llamá al 134" son algunos de los mensajes que se divulgaron. Los mismos avisos fueron difundidos a través de la aplicación Mi Argentina del Gobierno, utilizada para realizar trámites y acceder a los servicios digitales estatales.

Pese a las advertencias del Gobierno, el paro tuvo un masivo acatamiento: dejaron de funcionar los servicios de transporte público y privado, se cancelaron casi todos vuelos previstos para la jornada, dejaron de circular los camiones de carga por el territorio y detuvieron su actividad los puertos y los barcos.

La detención de los servicios, que también afectó el metro de la ciudad de Buenos Aires, se sumaron gremios universitarios, agrupaciones estudiantiles y profesores de escuelas públicas, en conflicto con el Ejecutivo por la licuación de salarios y la falta de actualización presupuestaria para compensar la inflación.

El actual Gobierno ha enfrentado dos huelgas generales desde que asumió su mandato en diciembre, en el contexto de un ajuste fiscal que ha provocado que los ingresos pierdan poder adquisitivo. El primer paro fue el 24 de enero y el segundo se realizó el 9 de mayo, con el apoyo de las dos centrales sindicales del país, la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA).

El Gobierno tiene por prioridad lograr el superávit fiscal y financiero para contener la inflación, lo que ha provocado un duro ajuste en las finanzas públicas que ha impactado de modo recesivo en la economía real, con la licuación de los salarios y una retracción de la actividad que contrajo 3,4 por ciento el producto interior bruto en el primer semestre.