Cuando la Argentina se encaminaba a prolongar su estado de default, Alberto Fernández pegó un golpe de timón y ordenó a Martín Guzmán que cerrara un acuerdo con los bonistas de Wall Street. El Presidente debió mejorar la última oferta oficial para alcanzar un deal con los fondos de inversión, pese a su reiterada negativa pública y privada. “No voy a pagar un centavo más”, enfatizaba el jefe de Estado cada vez que se le preguntaba sobre las exigencias de los poderosos acreedores de la Argentina. Sin embargo, en la tarde del domingo, Alberto Fernández asumió las consecuencias políticas y económicas, y decidió abrir una nueva instancia de negociación con los bonistas bajo legislación extranjera. Esa decisión institucional fue respalda inmediatamente por Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa, sus socios principales en el gobierno peronista. En este contexto, Guzmán acometió una sucesión de conversaciones con determinados acreedores privados que dieron como resultado una oferta consensuada que fue anunciada esta madrugada. Esa propuesta de reestructuración de la deuda externa, que llevó más de ocho meses de intensa negociación y se resolvió en un día, establece lo siguiente: 1. El Valor Presente Neto (VPN) de los bonos a canjear será de 54.8 dólares por cada lámina de 100 dólares. 2. Se cambia la fecha original de pago de los cupones semestrales. Serán cancelados en enero y julio, lo que implica para los bonistas un beneficio de casi un punto (0.8), sin costos adicionales para los pagos que Argentina hará todos los años. 3. Se adelantan los vencimientos de capital, pero respetando la propuesta de Martín Guzmán respecto al período 2021-2024. 4. Aún no se terminó de definir la normativa jurídica vinculada a las Cláusulas de Acción Colectiva (CAC´s) y a las reglas de re-asignación de los títulos acorde a sus respectivas series. 5. La oferta oficial será prorrogada en la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) hasta el 24 de agosto. 6. La iniciativa consensuada entre el Gobierno y los fondos de inversión significa un ahorro de 30 mil millones de dólares en capital e intereses. Las razones políticas que aceleraron la negociación La decisión política de Alberto Fernández de suspender la extensión de la oferta a los bonistas y abrir negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FM), que comunicó a Guzmán cuando tenía preparada toda la documentación oficial para anunciar la continuidad del diálogo con los acreedores privados, provocó una fuerte reacción en el Frente de Todos y en los distintos protagonistas geopolíticos que operaban en silencio desde Washington para lograr un deal que evitara un nuevo default de la Argentina. Cristina Fernández y Massa, los socios principales de Alberto Fernández, hicieron las mismas cuentas políticas para sostener que era un error estratégico suspender las negociaciones con los bonistas, marchar al FMI y acelerar un default con los fondos de inversión. Esas cuentas políticas, que sumadas hubieran dado un implacable efecto dominó, se pueden enumerar de la siguiente manera: 1. Cuestionamiento a los términos de la negociación y presión interna y externa para forzar un cambio de ministro de Economía, e incluso una remoción profunda del Gabinete. 2. Aumento inmediato del dólar Contado con Liqui (CCL). 3. Pérdida de prestigio internacional en la Casa Blanca, la Unión Europea y el FMI. 4. Una profundización de la crisis económica en las provincias que también tienen vencimientos de sus propias deudas sub soberanas. 5. Problemas de financiación de las empresas privadas al aumentar las tasas de interés. 6. Una marco institucional complejo para negociar con el FMI y el Club de París. 7. La posibilidad de perder las elecciones legislativas del próximo año. 8. Caída de las acciones de las empresas que cotizan en Wall Street. 9. Escasas inversiones internacionales por desconfianza al modelo económico. 10. Retracción de los créditos blandos otorgados por los organismos internacionales. El domingo a la tarde, frente a ese probable panorama desolador, Alberto Fernández cambió su estrategia de negociación y aceptó la posibilidad de mejorar la oferta oficial frente a la exigencia de los fondos de inversión que apostaban a un deal con beneficios para ambas partes. “No voy a ser el Presidente del default”, le dijo a Martín Guzmán antes de iniciarse una frenética carrera contra reloj que unió Olivos, el Palacio de Hacienda, Tigre, Barrio Norte, Wall Street y Londres. El ministro de Economía negociaba sin parar, y Alberto Fernández monitoreaba las simultáneas de ajedrez para zanjar diferencias y moldear un rápido acuerdo con los acreedores privados. El Gobierno había registrado su última oferta oficial con un Valor Presente Neto (VPN) de 53.4 dólares para los bonos a canjear, mientras que los fondos de inversión habían replicado con un VPN de 56 dólares en promedio. La distancia era de menos de tres dólares. El jefe de Estado se resistía a partir la diferencia. Aseguraba en público y en privado que “no pagaría un sólo dólar más”. Pero cuando concluía el fin de semana, Alberto Fernández asumió las probables consecuencias políticas, económicas y financieras de su estrategia de negociación, y abrió la mano para buscar un deal que alejara a la Argentina de un default en medio del COVID-19. Con las nuevas instrucciones presidenciales, Guzmán llamó por teléfono a Jennifer O´Neill, manager de BlackRock, el principal acreedor privado de la Argentina. El ministro explicó a O´Neill que Alberto Fernández ya había descartado suspender las negociaciones y que estaba buscando una oferta consensuada para cerrar un deal en las próximas horas. O´Neill escuchó con atención el planteo de Guzmán y pidió tiempo para contestar. La manager de BlackRock tenía que consultar con sus colegas que representan a otros bonistas de New York. El domingo a la noche, Guzmán recibió una oferta informal que establecía lo siguiente: 1. Un Valor Presente Neto de los bonos que no llegaba a 55 dólares por cada lámina de 100 dólares. 2. La necesidad de reformar ciertos conceptos jurídicos respecto a la re-asignación de los títulos al momento de cumplir las Cláusulas de Acción Colectiva (CAC´s), que deberían ser avaladas por la comunidad financiera internacional. Con la oferta de BlackRock, que estaba consensuada con la mayoría de los acreedores, Guzmán habló con Alberto Fernández para conocer su punto de vista. El Presidente estuvo de acuerdo, y a partir de allí se inició una ronda de consultas políticas que incluyeron a CFK, Massa, y Máximo Kirchner. Guzmán visitó a CFK en su apartamento de Barrio Norte, hizo un zoom con Máximo, Massa y un puñado de diputados nacionales, adonde dejó entrever que el deal estaba al caer. Después conversó con el Presidente para ajustar los detalles técnicos de la iniciativa consensuada que hoy será anunciada oficialmente y que Infobae revela en exclusiva. La decisión política de Fernández de evitar el default y ejecutar una negociación relámpago, fue elogiada por los bonistas de Wall Street y por ciertos funcionarios de altísimo nivel en la Casa Blanca, el Departamento de Estado, el Departamento del Tesoro y el Fondo Monetario Internacional. En Washington y Manhattan también rescataron el apoyo de CFK, que estaba de acuerdo con la táctica de Guzman, pero que creía que ya era momento de cerrar la negociación para evitar mayores complicaciones a la economía en medio de la pandemia del COVID-19. Y respecto a Massa, aunque se resiste a reconocerlo, en New York aseguraron que fue “clave” durante el fin de semana para inclinar la balanza y lograr flexibilidad en los fondos y el Gobierno. El Presidente de la Cámara de Diputados conversó muchísimo con Alberto Fernández y tuvo un intercambio de ideas con Guzmán que aceleraron la toma de decisiones en la quinta de Olivos. En las primeras horas de esta mañana, no se descartaba que después del comunicado de prensa, Guzmán enfrente a los periodistas para dar los detalles de una negociación que estaba en un callejón sin salida y que llegó a un deal con BlackRock cuando nadie lo esperaba. (Infobae)