23 jueces federales, 23 fiscales, 5 fiscales de Tribunales Orales, 15 jueces de tribunales orales, 8 Defensorías de primera instancia y otras 3 para tribunales orales. Solo en la Ciudad de Buenos Aires, la reforma judicial que impulsa el Gobierno prevé nombrar 77 cargos de magistrados. A eso hay que sumarle los cargos de secretarios y decenas de empleados. En las provincias, los números se triplican: 96 jueces, 85 fiscales y 23 defensores. En todo el país, son 279 magistrados, 45 más de los que nombró el gobierno anterior en cuatro años. Traducido en números, las designaciones representan más de $1300 millones anuales. A eso hay que agregarle los sueldos de los secretarios y decenas de empleados. “Vamos a tener que tener plata”, admitió esta semana la ministra de Justicia Marcelo Losardo. ¿Cuáles son esos gastos?. Infobae reconstruyó los números con diferentes actores del sistema y ex funcionarios que idearon una reforma similar. En la Ciudad de Buenos Aires, la reforma implica 77 cargos nuevos de magistrados (jueces, fiscales y defensores). El promedio de sueldos oscila los $450.000, en bruto, porque en el listado hay 15 camaristas y 5 fiscales de tribunales orales, que tienen salarios muy superiores a jueces y fiscales de primera instancia. En total, esas designaciones implican una inversión anual de $415.800.000. Sin plata no hay reforma, pero desde en la Justicia ya se habla de gastos innecesarios. Un caso: el gobierno anterior sancionó una ley que transformaba los Tribunales Orales Criminales (TOC) en Tribunales Orales Federales (TOF). De hecho, pasaron seis jueces y quedaba pendiente la transferencia de 5 tribunales más al fuero federal. En lugar de profundizar ese proceso, la reforma propone crear 15 nuevos cargos para los 5 tribunales orales nuevos. “En vez de aprovechar los recursos humanos ya existentes, buscan crear cargos para completarlos con nuevos magistrados. Además de sumar costos innecesarios, en épocas donde los recursos son limitados, no se explica por qué se desaprovechan jueces con experiencia en el tema penal”, apuntó un juez de un tribunal oral criminal. En las provincias, los números se triplican. El texto del proyecto enviado al Congreso contabiliza 96 jueces, 85 fiscales y 23 defensores. Tomando un sueldo promedio de $400.000 bruto (son cargos de primera instancia), representa una masa salarial de $969.600.000 anuales. La creación de juzgados y fiscalías federales en las provincias ya se había propuesto en el gobierno de Mauricio Macri. “Se tomó un proyecto del gobierno anterior”, admitió esta semana la ministra Losardo en una entrevista con TN. En Cambiemos dicen que el contexto era muy distinto. “El sentido del fortalecimiento de la justicia penal federal en las provincias era sentar las bases para implementar el sistema acusatorio e iba de la mano con la sanción del Código Procesal Civil y Comercial. El Gobierno no está planteando avanzar con ninguna de las dos cosas”, destacó un funcionario que tenía despacho en el Ministerio de Justicia. El gasto total en sueldos, teniendo en cuenta los 279 magistrados nuevos, es de al menos $1384 millones por año. A eso hay que sumarle los secretarios. Los 23 nuevos juzgados federales recibirán una de las dos secretarías que tienen los juzgados de Comodoro Py y de Inmigrantes, pero para las 23 fiscalías de primera instancia hay que designar el mismo número de secretarios. También se suman secretarios de Cámara y de las Defensorías. Otros $170 millones en sueldos por año. Entonces la cifra se eleva a $1554 millones. Los 23 nuevos juzgados federales se cubrirán con subrogantes, pero solo podrán subrogar aquellos jueces penales nacionales que no hayan manifestado su voluntad de traspaso a la Ciudad. Ese grupo, integrado por jueces y juezas jóvenes, queda inhabilitado. “Somos los jueces que pagamos Ganancias y no sabemos dónde vamos a quedar en el futuro, encima nos quedan 20 años para jubilarnos”, se quejó un integrante de ese grupo. Con 45 jueces disponibles, y varias bajas por esta cuestión, no se llegarían a cubrir las 23 vacantes. Ahí aparece el fantasma de los conjueces, un sistema que ya utilizó el kirchnerismo en otros gobiernos. Las subrogancias tampoco son gratis: al sueldo que ganan los jueces nacionales hay que sumarle un 10% más. Volviendo a los gastos, la cifra de $1554 millones no tiene en cuenta a los empleados. “Los magistrados van a pedir contratos, es imposible cubrir todos esos cargos con los recursos disponibles”, admitió una fuente judicial. Un dato para tener en cuenta: para implementar el sistema acusatorio en Salta y Jujuy, los jueces y fiscales pidieron contratos que significaron una inversión de $66 millones, solo para cubrir sueldos de seis meses. Hay más. Una fiscalía federal de Comodoro Py significa un gasto en sueldos de $4 millones y un juzgado cerca de $9 millones. Mas allá de la crisis por la pandemia, el proyecto de reforma llega en medio de una crisis económica profunda y en un país al borde del default. “Es simplemente insultante para una población exhausta, presionada fiscalmente hasta la quiebra y cuyas urgencias judiciales no son federales, sino vitales: lo que necesitamos las personas comunes es más eficiencia, recursos y rapidez en materia penal, laboral, fiscal, comercial y civil. Eso debe mejorarse, no inventando juzgados de venganza ni intentando copar a la Corte Suprema”, opinó el abogado Alejandro Fargosi, ex integrante del Consejo de la Magistratura. Hay un dato que no es menor. La crisis económica ya impactó dentro del Poder Judicial, donde actualmente se pagan aguinaldos en cuotas y hay reclamos por la reducción de las vacaciones. Hasta ahora, las críticas se concentraron en la comisión de 11 asesores elegidos por el Presidente y a los posibles cambios en la Corte Suprema. En el gobierno admiten que fue una manera de postergar ese debate. “El comité de asesores se lleva la marca personal”, razonó un importante juez de Comodoro Py. La reforma, que comenzará a debatirse este martes en un plenario de comisiones del Senado, también llega en medio de una crisis edilicia de la justicia nacional y federal. No es viable designar casi 300 magistrados sin una inversión edilicia en los próximos años. En Comodoro Py, donde apunta el núcleo de la reforma, apenas hay espacio para los jueces y fiscales actuales. El proyecto no especifica dónde funcionarán 23 fiscalías, 23 juzgados y 5 tribunales orales nuevos. Expertos que trabajan para Cambiemos manejan una cifra que impacta: se necesitarían más de $1200 millones de inversión edilicia. Esa cifra no incluye los gastos operativos necesarios para que funcione cualquier oficina judicial: vehículos, internet, luz, gas, agua, sillas, escritorios, lámparas, armarios, y hasta nuevos sistemas informáticos. (Infobae)