Alberto Fernández y Martín Guzmán esperarán al viernes por la tarde para tomar una decisión que tendrá el vuelo de política de Estado. Con el dato final de si se llega o no al 50% de aceptación en algún mix de bonos, el Presidente y su ministro de Economía resolverán si hay una prórroga en las negociaciones en los tenedores de deuda emitida bajo legislación internacional hasta fines de agosto; o si, por el contrario, se cierra el canje en los tiempos previstos del 4 de agosto (el próximo martes), y se da por terminado el proceso sin anunciar un cierre formal. Y, como no existirían las mayorías necesarias, el Gobierno deberá oficializar un estado de default total. Luego, debería freezar la discusión con los acreedores internacionales, cerrar exitosamente el canje local en las mismas condiciones que la propuesta a Wall Street (algo muy posible), intentar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y, luego, reabrir la discusión con BlackRock y compañía, en otras condiciones financieras y económicas mundiales y argentinas. Todo dependerá de los números que aparezcan en las próximas horas. Mientras tanto, habrá una nueva gestión negociadora entre la Argentina y los acreedores. Será encabezada por el banco Lazard, contratado por el país para intermediar entre las partes, con la colaboración del Banco of América y el HSBC. Intervendrán también los abogados del estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton (CGS&H) y los abogados que representan a los bonistas, encabezados por Jennifer O’Neil, contratada por BlackRock, y el legendario Dennis Hranitzky. Todos intervendrán en las próximas 48 horas para intentar una cruzada para acercar a las partes y encontrar una solución a una negociación que, hasta ayer a la tarde, parecía estancada. Mientras, tanto el Gobierno argentino como los acreedores terminan de cerrar su estrategia para las últimas 72 horas de posibilidad de discusiones abiertas. Luego, el viernes por la tarde, será el tiempo para contabilizar los ingresos a la oferta de Martín Guzmán, y analizar si los porcentajes alcanzan para aplicar las “cláusulas de reasignación”, aunque sea de una manera escueta y para alguno de los bonos presentados en sociedad para reestructurar los u$s66.800 millones de deuda a negociar. Para esto, Economía necesita contabilizar al menos el 50% de aceptación en varios de los nuevos títulos públicos, algo que se sabrá recién hacia el fin de semana. Sólo con estos datos sobre la mesa se resolverá si los plazos se extienden o si el canje cierra definitivamente el 4 de agosto, al menos para la vigencia de los “anabólicos” destinados a favorecer a los que hayan entrado antes que otros. De parte de los bonistas, la estrategia general es mantenerse en una posición de firmeza y coordinación máxima; demostrando que sin ellos cualquier acuerdo es imposible. Un dato clave de la negociación, es que en el comunicado presentado el lunes por la noche de Buenos Aires, la firma de la posición firme de los acreedores estaba representada por un mix de bonistas de los tres grupos; sin distinción de cantidad de bonos de tenencia y con un prolijo orden alfabético. Y mezclados entre sí, cruzando tenedores de deuda emitida en los canjes de 2005 y 2010, con los poseedores de los globales lanzados desde 2016. En el lenguaje de Wall Street quiere decir que todos están en la misma posición y que los reclamos se igualan. Desde Buenos Aires la publicación del documento no sorprendió. El fondo Gramercy, integrante del Exchange Bondholders y en posición intermedia entre Fintech y Greylock y los fondos irreductibles se lo había advertido el fin de semana a los mediadores de Lazard. También algunos economistas locales contratados por un puñado de bonistas duros le transmitió en off a funcionarios del Gobierno nacional la embestida que se venía. Los primeros dijeron que era una contraofensiva luego de haberse conocido el documento oficial del Palacio de Hacienda del sábado pasado, donde se reiteraba que no habría mejoras en la oferta planteada por Guzmán la primera semana de julio. La interpretación que se hace desde Olivos y Hacienda es simple y directa. No se aceptarán presiones públicas, que hagan ver ante los mercados y el frente político interno una posición de debilidad de parte del Gobierno argentino. No se pueden aceptar varios de los capítulos por los que presionan los acreedores, especialmente el aumento de la tasa de interés del cupón 2030 del 1% al 4,9% y la modificación de la necesidad de formar mayorías del 35% para activar las CAC ante eventuales defaults futuros de la Argentina. En el primer caso, Guzmán y su gente creen que, directamente, el planteo de un incremento en los intereses son una falta de respeto a la propuesta original del “anabólico” financiero creado por Economía. En cuanto al reclamo por las CAC, se cree que BlackRock quiere modificar toda una estructura financiera mundialmente aceptada para casos de reestructuración de deuda. Se cree también en el Palacio de Hacienda que no es verdad que los tres grupos de acreedores detenten el 60% de la deuda emitida durante el kirchnerismo y el 50% de la lanzada desde 2016 en adelante. Los números que manejan en Economía hablan de que, a lo sumo, detentan entre 30% y 35% del total de los u$s66.800 millones y que gran parte de las acreencias está distribuida en particulares con mayor o menor volumen de inversiones. Sin embargo hay algo que se reconoce. Es verdad que el Exchange Bondholders (los titulares de bonos emitidos en los canjes 2005/2010) detenta una cantidad importante de los u$s20.000 millones en poder de los bonistas kirchneristas. Y se reconoce el peligro que esto implica. Serían los que en mejores condiciones de avanzar en juicios contra el país podrían estar en caso de default, ya que es toda deuda sin la protección de las cláusulas “antibuitre”. (Ámbito)