Bangladesh reconoció este viernes el asesinato de veintiséis de sus ciudadanos en Libia, a manos de traficantes de seres humanos. Estos inmigrantes irregulares fueron acribillados el jueves en el reducto donde estaban retenidos, cerca de la localidad de Mizda, a ciento ochenta kilómetros al sur de Trípoli. Según ha podido esclarecer la embajada bengalí, sus conciudadanos, que llevaban tiempo retenidos como rehenes, debían ser transportados finalmente a la capital, para dar el salto. Según informa la prensa de Bangladesh, sus compatriotas habían pagado ya alrededor de diez mil dólares a intermediarios. Sin embargo, el traficante libio exigió más dinero, como es habitual, aunque quizás forzado por la necesidad de sobornar a más gente, en un momento en que varias localidades han cambiado de bando en pocos días. La exigencia provocó una acalorada discusión y pelea, en la que los inmigrantes, que llevaban semanas siendo vejados a punta de pistola, terminaron con la vida del cabecilla de los extorsionadores. La venganza del clan de este, al parecer de la tribu Abu-Seif, no tardó en llegar. Nada menos que treinta inmigrantes fueron acribillados hasta la muerte. Los ya citados bengalíes, más cuatro africanos, de Nigeria y Chad. Otros once, todos ellos de Bangladesh, resultaron heridos, de los cuales cinco de gravedad. Tras ser llevados a Alzintan, finalmente han sido operados en Trípoli, según The Daily Star. En Mizda han quedado los cadáveres amortajados de treinta inmigrantes, que no llegaron a acercarse a la orilla del Mediterráneo. Esta es una localidad bajo control de las fuerzas rebeldes del mariscal Haftar, aunque prácticamente cercada por los recientes avances de las milicias apoyadas por Turquía. Las milicias de ambos bandos se dedican a la extorsión de inmigrantes clandestinos, aunque la mayoría de centros de detención se encuentran al oeste del país, cerca de Túnez, que actúa de punto de entrada (en el caso de los bengalíes, vía Estambul o Dubái). El ministro de Exteriores de Bangladesh, AK Abdul Momen, ha pedido una indemnización a las familias de las víctimas, no se sabe muy bien a quién. El consejero de trabajo de su legación en Trípoli ha averiguado la identidad de las víctimas y las circunstancias de la matanza tras entrevistar a un superviviente. Según este, todos ellos emprendieron el viaje en plena pandemia. La prensa bengalí informa que proceden en casi todos los casos de tres distritos rurales al sur de Daca y del río Ganges, que allí recibe el nombre de Padma. La Organizacción Internacional para las Migraciones (OIM) ha reconocido esta “tragedia sin sentido”, sin entrar en detalles. También Bangladesh se cuida de no culpar a ninguna milicia en concreto. La tragedia se desarrollaba al mismo tiempo que el primer ministro de Malta, Robert Abela, negociaba con el presidente libio reconocido por la ONU, Fayez al Sarraj, formas de atajar la inmigración ilegal. Casi a la misma hora, una patrulla de la armada maltesa indicaba a un bote neumático cargado de inmigrantes el rumbo hacia Italia, alegando que “Malta es demasiado pequeña y está asolada por el coronavirus”. También Italia, la otra gran perjudicada por el tráfico ilegal de seres humanos en su territorio, apuesta por Sarraj, mientras que Rusia o Francia están con Jalifa Haftar, como lo está Egipto y Emiratos, al no fiarse de algunos de los elementos islamistas y yihadistas en algunas de las milicias que le apoyan. Según datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en el país africano hay en estos momentos más de 650.000 migrantes, a los que hay que sumar los cientos de miles de desplazados por el conflicto. Solo entre el domingo y el lunes pasado, 400 migrantes fueron interceptados por la guardia costera y devueltos a Libia, según la OIM. El portavoz de esta organización considera inseguro devolver a estas personas a un país en guerra, aunque hayan llegado allí por voluntad propia y tras una importante inversión de tiempo y dinero, desde lugares tan lejanos como Bangladesh. También la neblina de la guerra en el Yemen favorece, más que disuade, la entrada de miles de etíopes, somalíes o eritreos que intentan cruzar a Arabia Saudí. Cabe añadir que la UE mandó el año pasado 369 millones de euros a Libia, a pesar del marasmo de la guerra civil, para intentar frenar la inmigración clandestina. Este dinero, según una investigación de la agencia AP de hace cinco meses, termina en gran medida en las manos de los mismos traficantes –que controlan centros de detención- o de los guardias costeros con los que estos tienen arreglos. (La Vanguardia)