Al límite, la Cámara Argentina de la Construcción le envió una nota al gobernador de Mendoza Rodolfo Suárez para expresar su malestar por la licitación de Portezuelo del Viento, cuya apertura de sobres está pautada para el 2 de junio. En una nota firmada por el nuevo presidente de la entidad, Iván Szczech, plantearon al mandatario las dificultades para participar del proceso a las grandes firmas del sector, que temen quedarse afuera de la llamada “obra del siglo”. Es que se trata de un tipo de represa que hasta ahora no existe en la Argentina, con un monto involucrado inaudito para un proyecto hidroeléctrico que en el contexto de la pandemia aparece como la única ventana abierta que habrá este año para hacerse de un contrato con estas características. Son unos USD1.000 millones que serán financiados íntegramente por la Nación, mediante el envío de cuotas. Hasta ahora, ya lleva desembolsados USD37 millones. Como explicó BAE Negocios, las grandes firmas acumulan bronca contra las autoridades mendocinas porque consideran que la licitación está dirigida para que la ganen las empresas locales, a las cuales se les favorece en los pliegos, a tal punto que llevaron a la Cámara a pronunciarse al respecto, ante la presión de los peces gordos del sector. Entre los puntos que se critican en la carta figuran, tal como anticipó este medio: Venta del Pliego a valores muy elevados, (u$ 100.000.-), valor fijado luego de una importante reducción reciente, pero aun desproporcionado Excesiva onerosidad de la presentación de cada Oferta, en particular por la exigencia de presentar el Proyecto de una Alternativa Técnica Obligatoria (se estima que insume entre USD1,5 y USD2 millones). Plazo muy breve para el estudio y formulación de propuestas técnicas y económicas, lo que conspira contra su seriedad y obligaría a considerar, en la formación del precio, márgenes de riesgo adicionales Exigencias, para ser precalificado, de antecedentes específicos desproporcionadas. Criterio de adjudicación según un Valor Ajustado, según diversos factores, varios de ellos de valuación subjetiva. “A juicio de nuestros asociados, esas condiciones les impiden presentar ofertas y pondrían en serio riesgo el éxito del llamado, pues existiría una muy escasa concurrencia de ofertas válidas. Esto podría implicar un consecuente deterioro del nivel de la competencia, con seguro perjuicio para las arcas públicas”, advierte la Cámara en el documento. Incluso, la entidad deja entrever que por la forma en que se llevará adelante la licitación, las empresas ganadoras podrían eventualmente iniciarle juicio a la provincia. “Durante la ejecución de la obra, se deberá adaptar el proyecto construible a los aspectos no considerados en un proyecto de licitación incompleto, lo que conducirá a una profusión de modificaciones de obra, a incrementos de costos no previstos y, seguramente, a una alta litigiosidad”, plantearon en la misiva. Por otro lado, la exigencia de presentar un proyecto alternativo, “distintas entre sí” para cada oferta, “sólo dificultará la decisión de adjudicación”. “Ésta podría ser tachada de discrecionalidad, y, seguramente, generará impugnaciones y demoras en la firma del contrato”, alertó la Camarco. Al mismo tiempo, las constructoras sostienen que “las exigencias de antecedentes de ejecución de obras muy similares muy específicos implican una severa barrera de entrada aún para empresas nacionales de larga trayectoria y probada capacidad”, ya que se pide que las empresas participantes hayan ejecutado al menos tres obras hidroeléctricas en los últimos 15 años, “lo que limita la concurrencia a pocas empresas argentinas” y deja en bandeja el proyecto a las gigantes chinas como Gezhouba o Powerchina, al tiempo que esperan “muy reducida o nula participación de empresas europeas o de Canadá”, que por el tipo de pliego de Portezuelo, no podrá jugar dados los estándares de transparencia por los que se rigen esos países. “La contratación de empresas externas implicará que empresas locales capacitadas para realizar tareas dentro de una obra con múltiples frentes, verán reducido su papel al de un subcontrato, reduciendo el valor agregado que quede en el país e impidiéndoles intervenir en el proceso de ingeniería de detalle, planificación y coordinación de obra”, señaló la Cámara. “Este aspecto lleva a considerar si es prudente licitar la obra como un único conjunto en lugar de realizar contratos separados por especialidad. Entendemos que administrar un único contrato puede simplificar la actividad de la Administración, concentrando la responsabilidad en un único Contratista, pero ello concentra también los riesgos. E implicará, seguramente, un mayor costo total”, concluye la misiva, que también será enviada al ministerio de Obras Públicas nacional.