El viernes 3 de abril se había caído el segundo de los tres intentos fallidos para comprar los barbijos N95. Ninguna de las 100 empresas invitadas había ofertado. Los proveedores habituales de la Ciudad respondían que no tenían stock. Se vivían momentos de tensión en los pasillos del Ministerio de Salud. Hasta que un llamado telefónico cambió todo. El domingo 5 de abril, Nicolás Montovio, el único funcionario que tuvo que renunciar por el escándalo, tomó contacto con Mariano Cornejo, un publicista plagado de contactos en el mundo político, incluso dentro del Gobierno porteño. Cornejo introdujo a Ignacio Sáenz Valiente, el excéntrico abogado dueño de Green Salud, la empresa que decía tener 15 mil barbijos y quería cobrar $3000 por cada uno. Montovio asegura que no conocía a Cornejo. Mucho menos a Sáenz Valiente. Pero la operación se cerró ese mismo domingo, casi de madrugada. Montovio es el funcionario que firmó la resolución para comprar los barbijos. Según consta en el expediente electrónico, lo hizo a las 0:57 del lunes 6 de abril, apenas una horas después de la misteriosa aparición de Green Salud. Por esa resolución, la 115/SSASS/20, Montovio tuvo que presentar la renuncia ante el jefe de Gobierno. “Es un perejil”, coinciden funcionarios del más alto nivel de la Ciudad. Nadie duda de su honestidad. Sin embargo, hasta ahora es el único que pagó el costo político del escándalo. Según expuso Montovio en un descargo judicial, todo comenzó el mismo domingo 5 de abril, con un llamado de Cornejo, ex Director de Comunicación y Medios en Telecom Argentina y actual CEO de MC Group, una empresa de publicidad y contenidos. Cornejo hizo el nexo entre el joven funcionario y Sáenz Valiente, con quien tiene una estrecha amistad hace años. Minutos después, Green Salud mandó por mail una serie de documentos como la constancia de inscripción ante la AFIP y el certificado de inscripción al Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnológica Médica expedido por la ANMAT. Montovio dice que nunca había visto ni a Cornejo ni a Sáenz Valiente, más conocido como “El Verde” por una antigua costumbre de teñirse el pelo como “El Potro” Rodrigo. Si no los conocía, ¿quién se los presentó?. Esa respuesta ayudaría a entender quiénes están detrás del negocio. Aunque no los conocía, agilizó el trámite al máximo. Estaba apremiado por la emergencia sanitaria. Sus jefes en el Ministerio de Salud le reclamaban 45 mil barbijos y hasta ese momento no podía comprar ni siquiera 15 mil. Luego de analizar la documentación, Montovio le mandó la oferta de Green Salud al viceministro de Salud, Daniel Ferrante. Lo hizo a las 19:12 de ese mismo domingo. En ese mismo acto notificó a Santiago Costabel, de la Dirección General de Abastecimiento en Salud, y a la contadora Emilse Fillippo, también del Ministerio de Salud. “Se pone en conocimiento a vuestra Subsecretaria de la oferta recibida a los fines de adquirir algunos de los insumos que fueran solicitados por vuestra repartición. En virtud de la emergencia epidemiológica de público conocimiento, se le solicita expedirse sobre la conveniencia de proceder a perfeccionar la contratación en curso teniendo en cuenta la calidad e idoneidad técnica de los insumos ofrecidos así como el precio ofertado”, Apenas 16 minutos después, a las 19:28, Ferrante dio su aval por escrito: “Habiendo tomado conocimiento de la documentación adjunta como archivo de trabajo en la nota de referencia, en relación a la oferta de 15.000 (quince mil) barbijos presentada por la empresa Green Salud S.A., ésta repartición presta su aval correspondiente y remite la presente a fin de continuar con el trámite correspondiente”. Ferrante, un funcionario técnico y de bajo perfil, está a cargo de la Subsecretaria de Planificación Sanitaria y Gestión en Red del Ministerio de Salud y es uno de los pocos funcionarios que sobrevive desde 2015. Ante la consulta de este medio, fuentes de esa Subsecretaría dijeron que la respuesta de Ferrante “se limitó a la necesidad de adquirir el insumo, en mérito a su descripción técnica, como producto médico”. “No se refirió al valor de la posible operación porque eso va mas allá de nuestras competencias”, agregaron las fuentes. Infobae intentó comunicarse con Mariano Cornejo durante varios días, sin obtener respuesta. Sin embargo, este medio pudo saber que tiene una estrecha amistad con Sáenz Valiente. Ambos trabajaron en varias empresas del Grupo Clarín. De hecho, se cruzaron en Telecom durante varios años. La empresa de Sáenz Valiente, creada en octubre de 2019 y sin antecedentes de compras al Estado (porteño, provincial y nacional), había prometido entregar 15 mil barbijos ese mismo lunes. Nada de eso ocurrió. Apenas mandó 1600 unidades del modelo 8577, cuando se había comprometido a vender el modelo 9332, otra versión del N95. La revelación del escándalo, en la revista Noticias, frenó la operación de compra y provocó una interna feroz dentro de la Ciudad. “Hubo fuego amigo”, dicen en algunos despachos del gobierno porteño para intentar explicar la primera filtración. Aunque le aceptó la renuncia, Horacio Rodríguez Larreta lo sigue respaldando, pudo saber este medio. El jefe de Gobierno consideró que debía apartarlo, al menos mientras dure la investigación. Montovio hizo esta semana un descargo ante el fiscal Maximiliano Vence en el que asegura que no hubo fraude contra la administración pública porque los barbijos nunca se pagaron, pudo saber Infobae de fuentes de la causa. Efectivamente, la Ciudad no llegó a pagar los barbijos y terminó anulando el contrato. Pero la empresa Green Salud habría enviado una factura por los 1600 barbijos, confió a Infobae una fuente que conoce el derrotero del trámite administrativo. La factura nunca fue cargada en el expediente y desapareció. Según esa misma fuente, se trataba de la factura 001, es decir, la primer factura emitida por la empresa de Sáenz Valiente, algo similar a lo que ocurrió con “The Old Fund" para la reestructuración de la deuda de la provincia de Formosa (en ese caso fue la 003 porque las dos primeras se habían anulado). Sin embargo, en el Ministerio de Salud aseguran que nunca recibieron la factura. “A Montovio lo entregaron porque es lo más fácil y era el único que se animaba a firmar en el ministerio. A partir de ese momento, todos entraron en pánico y nadie quería firmar nada”, se quejó un funcionario. Eso impulsó la llegada de Roberto Gigante, ex ministro de Infraestructura bonaerense. Además del evidente sobreprecio (en una prepaga de primer nivel aseguraron a Infobae que se podían conseguir por menos de la mitad pese a la crisis sanitaria), los barbijos estaban vencidos desde mayo de 2016, según reveló este medio. Concretamente, habían sido fabricados en mayo de 2013 y tenían una vida útil de tres años, por lo que deberían haber quedado fuera de circulación a mediados de 2016. El dato lo aportó la empresa 3M, luego de una inspección en un depósito ubicado en Monasterio 480, y era conocido por los funcionarios de la Ciudad, que decidieron no exponerlo públicamente. “Ganó la postura de llevar el informe a la Justicia y dejar la investigación en manos del fiscal”, admitió uno de los participantes de esa reunión. La empresa 3M no le vendió los barbijos a Green Salud. Como intermediario, aparece una empresa de dudosa procedencia. Otro frente abierto para que investigue la Justicia. En la Ciudad quieren dejar atrás la polémica cuanto antes, aunque más de un funcionario admite por lo bajo que ayudó a prevenir un mal mayor. “Si no hubiera saltado el tema en los medios, los barbijos vencidos estarían en poder de los médicos de la Ciudad”, se sinceró un funcionario consultado por este medio. El escándalo se investigará en una comisión especial La Legislatura porteña aprobó esta semana la creación de una Comisión Especial de seguimiento de los gastos devengados por la pandemia. En ese marco también se investigará la compra frustrada de los barbijos. Todavía no se determinó la integración de la Comisión y ya hay cruces entre oficialismo y oposición por la presidencia. Hasta ahora se sabe que estarán los presidentes de la comisiones de Salud y Presupuesto y otros nueve miembros. “En lugar de darle la presidencia a la oposición para que el gasto sea controlado, Larreta prefirió dársela a su bloque”, se quejó ante Infobae Juan Manuel Valdés, del Frente de Todos, que presentó un proyecto para reformar la ley de compras y prohibir que los familiares de los funcionarios pueden ser proveedores del Estado. En el oficialismo también hay preocupación por el escándalo de los barbijos y otras compras que se hagan en el marco de la crisis sanitaria. “No tiene perdón de Dios hacer negocios en pandemia. No se puede generar impunidad para nadie, sea el funcionario que sea, sea el rango que sea, y sea del gobierno que sea”, dijo durante la sesión del jueves el legislador Facundo Del Gaiso, un hombre de Elisa Carrió. (Infobae)