La huelga general realizada este martes (12.11.2019) en Chile reflejó en las multitudinarias manifestaciones que coparon las calles de diversas ciudades del país, un clamor popular por la necesidad de garantizar derechos básicos para una población movilizada contra la desigualdad. El llamado a la paralización fue secundado masivamente en varias ciudades, desde la norteña localidad de Iquique hasta Punta Arenas, en la región de Magallanes, y en Santiago, donde vive la mitad de la población chilena, las calles se llenaron de banderas y pancartas que exigían la mejora de derechos básicos, como educación, sanidad o pensiones. El paro fue convocado por la plataforma Unidad Social, integrada por organizaciones sindicales, estudiantiles y sociales, después de más de tres semanas de protestas en Chile para exigir el fin de la desigualdad y del modelo neoliberal implantado en la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). La multitudinaria marcha en la capital del país partió de la icónica Plaza Italia, el epicentro del estallido social, y acabó en el centro histórico de la ciudad, cerca de Palacio de La Moneda, la sede presidencial. Urbes como las costeras Viña del Mar y Valparaíso, la sureña Concepción o la norteña Antofagasta también registraron grandes movilizaciones en sus calles. Al concluir la jornada pacífica, grupos extremistas provocaron incendios en al menos tres edificaciones, incluyendo una iglesia católica. Oposición pide Asamblea Constituyente Este martes, los partidos opositores exigieron la realización de una Asamblea Constituyente para cambiar la Constitución que se mantiene como herencia de la dictadura de Augusto Pinochet, en contraposición al "Congreso Constituyente" propuesto por el gobierno de Sebastián Piñera. En una declaración pública, a la que adhieren 14 agrupaciones políticas opositoras, entre ellas el Partido Socialista, el Comunista, la Democracia Cristiana y el Partido Radical, se plantea que "la Asamblea Constituyente es el mecanismo más democrático para garantizar una amplia participación ciudadana que otorgue plena legitimidad al proceso". Aprobada en 1980 en un cuestionado referéndum y bajo el gobierno cívico-militar de Pinochet, la Constitución chilena es concebida como el origen de la gran desigualdad que afecta al país, ya que favoreció la privatización de sectores esenciales como la salud, la educación o las pensiones. (efe, afp, La Tercera)