El Gobierno de Mauricio Macri teme que se destape la olla de la manipulación de los arrepentidos que declararon en contra de funcionarios del kirchnerismo. En Comodoro Py todos coinciden en que ese es el verdadero objetivo del traspaso del Programa de Testigos Protegidos al Poder Judicial, a solo un mes de dejar la Casa Rosada. En Tribunales advirtieron que sacarle el manejo del sistema a la próxima administración “es una forma de proteger a los protegidos”. El Presidente quería apurar el pase y tenía previsto firmar un decreto hoy mismo, pero ante el rechazo a la medida en el propio ámbito judicial decidió frenar por el momento la iniciativa. La noticia del decreto, que según pudo saber Página/12 quedó eventualmente para otro día, puso en alerta a varios sectores de la Justicia. También generó la reacción del propio Alberto Fernández , quien salió a desmentir que la decisión haya sido consensuada con él. En el edificio de Retiro el rechazo a la medida es prácticamente unánime, así como también la lectura de las motivaciones políticas detrás de la decisión y de los impedimentos técnicos y legales para implementar el cambio. Macri habría decidido demorar el traspaso por decreto del Programa de Protección de Testigos e Imputados de la órbita de la Subsecretaría de Política Criminal a la Cámara Federal de Casación para habilitar algunas rondas de consultas. En declaraciones a este diario el presidente del máximo tribunal penal del país, Carlos Mahiques, reveló que le pidió telefónicamente al ministro de Justicia Germán Garavano que retrase la firma del decreto y habilite un espacio de discusión de los alcances de la posible medida. “Le pedí un compás de espera y que antes de avanzar con el decreto haya una reunión con la Corte Suprema”, informó el magistrado, quien se mostró optimista respecto del impasse solicitado. El punto central de la polémica es que todos en los Tribunales Federales y en el equipo del próximo presidente ven al posible traspaso como una jugada netamente política. “Es una canallada”, disparó una alta fuente en las oficinas de Fernández. Ante una información publicada en Clarín, el presidente electo salió anoche a desmentir su aval vía Twitter: “Nunca fuimos consultados por semejante tema, por lo tanto muy lejos estamos de avalarlo.” El objetivo del decreto -ahora en espera- es sacarle a la próxima gestión el programa que protege, entre otros, a los testigos que declararon en las causas contra ex funcionarios kirchneristas. “Lo que siempre se sospechó es que el Gobierno tuvo que ver con las negociaciones con los arrepentidos, lo que está totalmente prohibido por la ley. Eso sólo pueden hacerlo los fiscales. Por lo tanto, si el Ejecutivo sólo tiene que garantizar el resguardo, no se explica el traspaso”, dijo uno de los jueces con asiento en el edificio de Retiro. En la misma línea opinó un funcionario de amplio recorrido en la Justicia Federal: “Una cosa es un testigo protegido y otra un arrepentido. Un testigo de un crimen es una cosa. Pero los arrepentidos que involucraron a ex funcionarios del Gobierno anterior es algo diferente. Ahí hubo una zona gris o sinuosa con la inducción para que declaren. La protección del Gobierno a esos imputados colaboradores fue política, no porque corrieran riesgo de vida”. (Página 12)