Un ciberataque dirigido contra las plataformas digitales del Partido Laborista ha reactivado el temor a la interferencia extranjera en las elecciones generales británicas del 12 de diciembre. Durante varias horas a lo largo del lunes por la tarde, los sistemas digitales del Partido Laborista quedaron colapsados por un "ataque distribuido de denegación de servicios" (DDos, por sus siglas en inglés), lanzado simultáneamente por cientos de ordenadores. Fuentes internas del partido declararon a la BBC que el ciberataque fue lanzado probablemente desde Rusia y Brasil, aunque fuentes gubernamentales aseguraron por su parte a 'The Guardian' que la acción fue obra de "agentes no estatales". La noticia llega a los pocos días de que Downing Street decidiera bloquear la publicación de un informe parlamentario de 50 páginas sobre la interferencia de Rusia en la política británica, y más concretamente en el referéndum de la Unión Europea en las elecciones del 2017. "Hemos sufrido un sofisticado ataque a gran escala sobre las plataformas digitales del Partido Laborista", ha informado a primera hora el martes una portavoz del partido. "Hemos tomado acciones urgentes y el intento ha fallado gracias a nuestros robustos sistemas de seguridad". La citada portavoz ha asegurado que "la integridad de las plataformas digitales del Partido Laborista no se ha visto afectada", y que los datos sensibles sobre la campaña electoral y sobre los votantes fueron debidamente protegidos. "Nuestro sistema de seguridad ha ralentizado el funcionamiento de nuestras actividades relacionadas con la campaña, pero poco a poco han recuperado su velocidad habitual", ha agregado. El director de campaña Niall Sookoo ha remitido hoy un correo electrónico a miles de militantes, informando con más detalles: "Nuestros sistemas de seguridad identificaron el ataque el lunes por la tarde, durante un período muy corto de tiempo, con la intención de colapsar nuestros sistemas y dejarlos 'offline'. Cada intento fue frustrado, gracias al trabajo de los equipos del Partido Laborista que identificaron el riesgo y actuaron rápido para protegernos". Se trata en cualquier caso del mayor incidente de este tipo desde el ciberataque lanzado contra Westminster el 23 de junio del 2017 (dos semanas después de las elecciones) para tener acceso a los emails de decenas de diputados británicos. Un mes después se detectó un intento similar de 'hackear' las cuentas personales de varios diputados del Parlamento escocés. En esta ocasión, según los expertos, el ataque parece de entrada menos sofisticada. Todo lo que se precisa para lanzar un DDos es una red de robots informáticos ('botnets') que ejecutan de manera automática y simultánea el intento de acceder a una plataforma digital, hasta lograr colapsarla. Un informe británico sobre la seguridad en internet reveló que la existencia de 'hackers' que ofrecen sus "servicios" para lanzar ataques DDos de 300 segundos por cinco euros, y de 90 euros por una hora. "Este tipo de ataques no constituyen normalmente una amenaza para los datos y la información que se pierde puede ser recuperada fácilmente", declaró a 'The Guardian' Birna Higgins, experto en ciberseguridad de Compartech.com. "Y no es muy sorprendente que algo así pueda dirigirse contra una entidad como el Partido Laborista, dado el clima político que se vive en Reino Unido". Mike Harris, director del equipo de investigación 89up, que ofreció su testimonio en el comité parlamentario sobre la interferencia extranjera, advierte por su parte: "Hay evidencia de los intentos de Rusia de pulsar los extremos en el debate del Brexit, y más concretamente hacia el lado de la salida. Rusia debe estar haciendo algo similar esta vez, parece que no hemos aprendido la lección". "Boris Johnson debe tener alguna buena razón para evitar que se publique el informe parlamentario sobre la interferencia rusa", declaró por su parte el ex fiscal general Dominic Grieve, expulsado del Partido Conservador por el 'premier' y ahora candidato independiente. El informe parlamentario fue remitido a Downing Street el pasado 10 de octubre, pero el Gobierno ha decidido demorar su difusión hasta después de las elecciones. (EM)