Un balance de su accionar en esas regiones. Entre los indígenas del norte del Cauca, quienes en varias oportunidades han rechazado la militarización de su territorio, generó preocupación el anuncio del presidente Iván Duque de que llegarán 2.500 efectivos de la Fuerza de Despliegue Rápido número 4 (Fudra) antes de que acabe 2019. El primer mandatario señaló que dicha estructura del Ejército tiene tres objetivos: “control territorial, cerrar las rutas del narcotráfico empleadas por estas organizaciones y desmantelarlas”. “La expectativa es que nos va a generar más riesgo. Aquí la solución no es la Fuerza Pública”, enfatizó Aída Quilcué, consejera de derechos humanos y paz de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC). En ese departamento el Estado no ha garantizado la seguridad de sus habitantes. El 29 de octubre hombres armados asesinaron a cuatro integrantes de la Guardia Indígena en Tacueyó. Luego fueron encontrados sin vida los cuerpos de cuatro personas en Corinto y uno en Caloto. En plena campaña electoral, el 1° de septiembre, fue asesinada la candidata a la Alcaldía de Suárez Karina García y cinco personas más en medio de un ataque con armas largas en el corregimiento de Betulia. A eso se suma que en el Cauca han asesinado a 35 excombatientes de las Farc desde la firma del Acuerdo de Paz, en noviembre de 2016, y a 10 líderes sociales entre enero y junio de este año, según el programa Somos Defensores (la mayor tasa a nivel nacional), lo que la convierte en la región más riesgosa para defender los derechos humanos y para reincorporarse a la vida civil. Las columnas Jaime Martínez y Dagoberto Ramos, disidencias de las Farc, operan en la región, así como estructuras del Epl, el Eln y las Agc. Todo lo anterior ha sucedido en medio de un departamento militarizado: hace presencia la Fuerza de Tarea Apolo (integrada por cinco brigadas móviles y un batallón de alta montaña), creada el 23 de diciembre de 2011 que opera en los municipios de Pradera y Florida (Valle del Cauca) y Miranda, Corinto, Caloto, Toribío, Jambaló, Páez, Inzá Morales, Suárez y Caldono (Cauca). La Fudra número 4 acompañará a esa estructura. Las Fuerzas de Despliegue Rápido nacieron el 7 de diciembre de 1999 en una ceremonia, en Melgar (Tolima), en la que hicieron presencia el entonces presidente Andrés Pastrana y el comandante del Ejército en esa época, Jorge Enrique Mora Rangel. El mando de la primera Fudra quedó en manos del general Carlos Alberto Fracica. Uno de sus primeros golpes militares fue la captura del narcotraficante Luis da Costa, conocido como Fernandinho, en 2002. Asimismo, participó, junto a unidades de la Policía, en la Operación Sodoma, que derivó en la muerte de Jorge Briceño, el Mono Jojoy, en 2010. Hoy, una Fudra solo llega a un territorio cuando los grupos armados ilegales han sobrepasado la capacidad militar de las brigadas territoriales. A diferencia de estas últimas, a una Fudra no se le asigna una jurisdicción sobre territorios en particular, sino un blanco militar a perseguir, no importa en qué región se encuentre. Esos objetivos deben ser o disidencias de las Farc (Gao residuales, para las autoridades) o estructuras del Eln. Una fuerza militar de este tipo, compuesta por un batallón de acción directa y tres de despliegue rápido, debe “saturar la región donde se encuentra su objetivo por un tiempo determinado hasta que doblegue la capacidad militar de ese actor armado”, según explicó el brigadier general Mauricio Zabala, comandante de la Fudra que opera en Nariño. Una vez el objetivo se cumple, la estructura puede ser recogida. Desde 2018 se han desplegado dos estructuras de ese tipo en Nariño y en el Catatumbo (Norte de Santander). Este es un balance de sus resultados. La Fudra número 2 en el Pacífico nariñense El 8 de enero de 2018, a Tumaco (Nariño) llegó la Fudra número 2, con un aproximado de 3.500 hombres, al mando del brigadier general Zabala. Su objetivo militar era el frente Óliver Sinisterra, comandado por Wálter Patricio Arizala, Guacho, y la estructura los Contadores. Esa unidad militar se integró con la Fuerza de Tarea Conjunta Hércules, como su componente terrestre. Los grupos armados se reacomodaban tras la salida de las Farc del territorio, y Tumaco era el municipio con más sembradíos de coca en todo el país, con 19.000 hectáreas. En marzo de ese año, en esa zona fueron secuestrados, y posteriormente asesinados, por el Óliver Sinisterra, tres integrantes de un equipo periodístico del diario ecuatoriano El Comercio. Guacho se convirtió en el principal objetivo para la Fuerza Pública en el suroccidente del país y las operaciones militares aumentaron. La crisis humanitaria en la zona se recrudeció. En mayo de ese año, la Defensoría del Pueblo emitió la alerta temprana 044 para el municipio de Tumaco en la que advirtió: “Con el incremento de los operativos militares se han recrudecido las acciones violentas y la población civil, afrodescendientes, indígenas y campesinos, ha quedado en medio de la disputa”. De lo que han sido los resultados de la Fudra número 2 desde entonces, en los 10 municipios del Pacífico nariñense (Tumaco, Francisco Pizarro, Roberto Payán, Olaya Herrera, Mosquera, La Tola, El Charco, Santa Barbara Magüí y Barbacoas), así como en cuatro de la zona de cordillera (Leiva, El Rosario, Policarpa y Cumbitara) hay lecturas distintas. Entre los resultados que destaca su comandante, el general Zabala, está la captura de alrededor de 1.500 personas señaladas de pertenecer a esas estructuras criminales, a quienes les fue dictada detención intramural. “Pero el mayor logro, por encima de Guacho, de lo que sea, es habernos ganado la confianza de la población civil”, asegura. Su visión la respalda una fuente estatal en el Pacífico nariñense que le hace seguimiento a la situación de derechos humanos, quien coincidió en que en la zona hay un mayor control territorial de la Fuerza Pública y una percepción de seguridad distinta. Sin embargo, hacia la zona de cordillera el panorama es otro. Fuentes oficiales cuestionaron que, pese a la presencia de unidades de la Fudra en el territorio, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), grupo heredero del paramilitarismo, lograron copar El Rosario y Leiva en abril de este año, como está consignado en un documento de la Defensoría fechado en el mismo mes. Pero, además, la Asociación de Juntas de Acción Comunal de los ríos Mira, Nulpe y Mataje (Asominuma) ha emitido en los últimos dos meses denuncias públicas en las que da cuenta de cinco hechos que resultarían en violaciones a los derechos humanos por parte de unidades adscritas a la Fudra número 2 en Tumaco. Hechos entre los que se encuentran la ocupación de viviendas de la población civil por parte de uniformados de esa fuerza; un procedimiento irregular en que se les exigió a los pobladores una suma de dinero a cambio de no quemarles galones de gasolina, usados por las familias para trabajar, y dos hechos de violencia sexual, en uno de los cuales Asominuma señaló directamente al soldado Diego Fernando Quintero Soto. El comandante de la Fudra número 2 aseguró que, tras la denuncia por la ocupación de viviendas de la población civil por parte de sus uniformados, “se abrió una investigación disciplinaria, porque sí sucedió y hubo un mal procedimiento de un comandante que se acomodó transitoriamente cerca de unas viviendas”. Sobre los otros hechos dijo no tener conocimiento. Sin embargo, el comandante del Batallón de Despliegue Rápido No. 6, el teniente coronel Julián Sánchez Micolta, respondió a las denuncias de Asominuma. En el documento, el comandante dijo que se “dispuso la apertura de indagación disciplinaria”, pero desvirtuó las denuncias, al asegurar que no había elementos probatorios. De hecho, advirtió que el soldado mencionado en la queja podría “interponer las respectivas acciones legales, entre otras, las denuncias por los presuntos delitos de injuria y calumnia”. La Fudra número 3 en Catatumbo “Esta Fuerza de Despliegue Rápido representa la modernidad de nuestras Fuerzas Militares, la capacidad de moverse con facilidad, de tener capacidad ofensiva, capacidad disuasiva y de operar conforme a los más altos estándares de protección de los derechos humanos”, dijo el presidente Iván Duque en Ocaña (Norte de Santander) el 28 de octubre de 2018, en medio de la instalación de la Fudra número 3 que opera en los municipios de San Calixto, Hacarí y Teorama. En total, a esa región llegaron 5.000 efectivos del Ejército. Ese componente militar llegó al Catatumbo luego de un año de guerra desatada. En marzo de 2018 estalló una confrontación armada entre el Eln y el Epl. Ambos grupos armados, con presencia histórica en la zona, generaron graves afectaciones a la sociedad civil. Así lo indican las cifras, según el Registro Único de Víctimas, las personas que padecieron el conflicto armado en esa región pasaron de 7.368 víctimas en 2017 a 30.380 en 2018 Una fuente que trabaja en una entidad estatal que monitorea la situación de derechos humanos en la zona, pero que pidió reserva de su nombre porque no tenía autorización para hablar, aseguró que “la Fudra sí ha servido para estabilizar el control territorial, es innegable que en términos de seguridad ha habido avances”. Éver Pallares, personero de Teorama, también dijo que hay pálidos avances en el control del casco urbano de ese municipio. Intentamos hablar con algún vocero del Ejército para conocer los logros de esa unidad militar, pero al cierre de esta edición no había sido posible contactarlo. Por otra parte, la Defensoría del Pueblo recibió 38 quejas en esa región contra miembros de la Fudra 3 desde la activación de ese componente hasta agosto de 2019. Pallares relató que la mayoría de quejas se refieren a la ocupación de predios privados por parte de los soldados y a la ubicación de estos en nacederos de agua de los cuales se surten veredas enteras. La mayor parte de los problemas en ese municipio se han dado en los corregimientos de Jurisdicciones y Miracotes. También ha habido reclamos por casos de empadronamientos, judicializaciones que las personas de las comunidades cuestionan y estigmatización de algunos líderes. Wilfredo Cañizares, director ejecutivo de la Fundación Progresar, aseguró que si se ha visto alguna mejoría en la seguridad del Catatumbo no ha sido “producto de la presencia de la Fudra, sino al parecer por un acuerdo que hay entre el Eln y el Epl para cesar la guerra que tenían esas dos organizaciones”. No conseguimos voceros del Ejército para que contestaran a esos cuestionamientos. La activación reciente de las Fudras en el Catatumbo y en Nariño ha demostrado que la llegada de grandes componentes militares a los territorios puede aliviar parcialmente la situación de seguridad, pero agudizan las confrontaciones armadas. Las comunidades del Cauca, y de las regiones que han sido teatro del conflicto armado, insisten en que la solución pasa por resolver los problemas estructurales que impacten la calidad de vida de los habitantes de esas zonas. (EE)