Hacer negocios en zonas de guerra puede resultar rentable pero entraña graves problemas éticos y jurídicos. Este ha sido el caso de la cementera francesa Lafarge, acusada de financiar a los terroristas yihadistas, de violar un embargo internacional y de poner en peligro al personal de su fábrica en Siria. El grupo multinacional del cemento acogió con alivio la decisión del tribunal de Apelaciones de París, ayer, de anular la imputación de “complicidad con crímenes contra la humanidad”. Habría sido muy grave, algo sin precedentes. Pero siguen siendo muy serios los cargos que se mantienen, entre ellos el de financiar al terrorismo, debido a los 13 millones de euros que, en los años 2013 y 2014, su filial Lafarge Cement Syria presumiblemente pagó a la organización Estado Islámico (EI) y al Frente Al-Nusra, franquicia de Al Qaeda en Siria, para poder seguir operando en el país árabe. Lafarge ha admitido haber entregado dinero a grupos armados, pero niega haber financiado al terrorismo. Su prioridad absoluta, según la empresa, fue siempre garantizar la seguridad de su personal. A la cementera se le acusa también de haber vendido cemento al EI y de haber pagado a intermediarios para suministrar productos a facciones yihadistas. Como consecuencia de este escándalo, el ministerio de Cultura francés decidió, en julio pasado, devolver a Lafarge la cantidad de 200.000 euros que la empresa había donado para financiar las obras de modernización del Museo Nacional de la Edad Media de Cluny, en París. Ya en el 2017, la alcaldía de París decidió pone fin a una colaboración con el grupo cementero para el suministro de arena a una playa en el Sena. Varias oenegés, como Sherpa, anunciaron que recurrirán la decisión de ayer ante el Tribunal de Casación, pues creen que debe mantenerse la imputación de complicidad en crímenes contra la humanidad por razones éticas y para que sirva de precedente para otras empresas que operan en zonas de guerra. El caso de Lafarge no es el único que ha salido a la luz en Francia sobre presencia empresarial problemática en un área de conflicto. Ayer el diario Le Monde publicó en portada una información que afecta a la petrolera Total en Yemen. Según el periódico, unas instalaciones de Total para producir gas licuado, que están paralizadas desde la primavera del 2015, están siendo utilizadas, en parte, como cárcel secreta. Se trata de la factoría de Balhaf, en el golfo de Adén. Es un inmenso complejo, comunicado a un puerto y a un gasoducto que transcurre durante más de 300 kilómetros de desierto hasta uno de los yacimientos en el norte del país. Testimonios de Amnistía Internacional, de diversas oenegés y de personal enviado por la ONU llevan alertando, desde hace dos años de la existencia del centro de detención en Balhaf, una cárcel administrada por las fuerzas de los Emiratos Árabes Unidos (EAU) que disponen allí mismo de una base militar con la aquiescencia del Gobierno yemení que sostienen los EAU y Arabia Saudí. La empresa Total ignora cuándo podrá reanudar la actividad en Balhaf, una planta que costó 4.300 millones de euros y que suponía, desde el 2009, un 45% de los ingresos del Estado yemení. Fuentes oficiales de los EAU negaron a Le Monde que se practique tortura a los prisioneros que tienen en su poder en Yemen –sin citar Balhaf– y dijeron que la propaganda en este sentido se difunde “para desacreditar sus esfuerzos para neutralizar y derrotar a Al Qaeda”. (LVB)