En junio y julio de 1998, Estados Unidos participó en la redacción del Estatuto de Roma, por el que se creó la CPI. Sin embargo, Estados Unidos se negó a ratificar el Estatuto cuando entró en vigor en 2002. Estados Unidos sigue sin ser miembro de la Corte.

La jurisdicción de la CPI se limita a los delitos que entran dentro de una de las cuatro categorías especificadas: genocidio, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y agresión (el uso de la fuerza armada contra la soberanía o la independencia política de otro Estado). Cabe señalar también que la CPI juzga a personas físicas, mientras que la jurisdicción de su tribunal homólogo, la Corte Internacional de Justicia (CIJ, «Corte Mundial»), solo admite casos interpuestos contra Estados.

El presidente Trump y sus predecesores han temido que la soberanía de EE. UU. se viera menoscabada si un fiscal de la CPI pudiera actuar contra un ciudadano estadounidense en virtud de la disposición territorial del artículo 12 del Estatuto de Roma. De hecho, la Corte ya ha comenzado a investigar posibles crímenes de guerra cometidos por miembros del ejército estadounidense en Afganistán.

Debe señalarse que cualquier gobierno puede eludir la jurisdicción de la CPI si juzga al acusado en sus propios tribunales.

Ningún funcionario estadounidense ha arremetido contra la Corte Penal Internacional con tanta dureza como Marco Rubio. A mediados de julio de este año, Rubio amenazó en diversos foros con «desmantelar la CPI, ladrillo a ladrillo, si es necesario».  Tras tachar a la Corte de «farsa» y de institución «corrupta y fatalmente politizada», en agosto impuso nuevas sanciones económicas contra la presidenta de la Corte, la jueza Tomoko Akane, y el abogado principal Abdoulaye Seye.

Esas sanciones, ya impuestas a 12 funcionarios de la Corte, bloquean la mayoría de las transacciones financieras personales, el uso de tarjetas de crédito y el acceso a cualquier activo ubicado en EE. UU. Además, la presión de la administración Trump sobre los Estados miembros ha provocado que al menos dos de los 125 miembros (Chad y Venezuela) se hayan retirado de la Corte.

El artículo 12 del Estatuto de Roma es el motivo principal de la furia de Rubio.  En efecto, dicho artículo define la denominada «competencia territorial» como la que otorga a la Corte la autoridad para enjuiciar a ciudadanos individuales de un Estado no miembro si los presuntos delitos se cometieron en un Estado miembro. Esta fue la base jurídica que permitió al fiscal de la CPI emitir órdenes de detención contra el primer ministro Benjamin Netanyahu y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, por crímenes de guerra en Gaza; y contra los líderes de Hamás (asesinados ya) por la masacre de civiles perpetrada el 7 de octubre en Israel.

A pesar de sus enérgicas objeciones a la CPI, la política de EE. UU. ha sido algo incoherente. Ha prestado un apoyo limitado a la CPI en algunos casos concretos, como la investigación de la Corte sobre la invasión del presidente Putin de Ucrania.

Si las personas objeto de una orden de detención de la CPI pueden ser detenidas en un país miembro, dicho país está obligado a ejecutar la orden de detención y a remitir al acusado a juicio en La Haya.

Aunque algunos juristas aceptan la postura de EE. UU. que limita la jurisdicción territorial del Estatuto de Roma, la mayoría de los Estados (principalmente los 123 Estados miembros actuales) no lo hacen. Cada uno de ellos está dispuesto a ceder una parte de su soberanía nacional a cambio de que se exijan responsabilidades a las personas que cometen crímenes atroces que son ignorados por los tribunales de su propio país.

La CPI ha logrado algunos éxitos notables a la hora de exigir responsabilidades penales a personas por atrocidades cometidas. Por ejemplo, la Corte ha procesado a personas de la República Democrática del Congo (RDC) y Uganda (niños soldado y crímenes contra la humanidad), Malí (destrucción de lugares del patrimonio cultural y religioso) y Sudán (atrocidades en Darfur).

Incluso jefes de Estado (entre ellos Putin, de Rusia; Omar al-Bashir, de Sudán, y Netanyahu) han sido objeto de órdenes de detención de la CPI. La importancia de estos y otros procesos de la CPI radica en el precedente jurídico que sientan a la hora de exigir responsabilidades. El Estatuto de Roma no prevé ninguna exención para los líderes gubernamentales.

La actuación de EE. UU. contra la CPI es reflejo de un ataque más amplio contra las organizaciones internacionales. A pesar del papel protagonista de Estados Unidos en la creación de muchas de ellas, el presidente Trump firmó el 7 de enero de 2026 un decreto ejecutivo por el que Estados Unidos se retiraba de 31 organismos de la ONU y de 35 organizaciones ajenas a la ONU.

Las retiradas de Estados Unidos de las Naciones Unidas incluyeron la Convención sobre el Cambio Climático («Acuerdo de París»), el Fondo de Población de las Naciones Unidas, la Comisión de Derecho Internacional y varias comisiones económicas regionales.

Aunque Estados Unidos sigue siendo miembro de la Organización Mundial del Comercio (OMC), ha tomado medidas para debilitar su autoridad en materia de cumplimiento (por ejemplo, bloqueando los nombramientos para su órgano de apelación) y cada vez hace menos caso de las normas fundamentales de la OMC (por ejemplo, en materia de aranceles y pago de cuotas).

Una de las primeras medidas de Trump en su segundo mandato fue desmantelar casi por completo la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), el principal instrumento de la ayuda económica estadounidense a los países en desarrollo.  La interrupción brusca de sus programas contra el VIH y de ayuda alimentaria en África ha provocado un número incalculable de muertes en Sudáfrica, Sudán y otros lugares.

Como parte de sus ataques contra las organizaciones ajenas a la ONU que defienden el Estado de derecho a escala mundial, Trump retiró la adhesión de larga data de Estados Unidos a la Organización Internacional para el Derecho del Desarrollo (IDLO, por sus siglas en inglés) en Roma, un organismo que yo mismo cofundé y dirigí durante 17 años.

La política del «América first» de Trump ha privado a Estados Unidos no solo de participar en las instituciones creadas tras la Segunda Guerra Mundial —en cuya creación contribuyó—, sino también de desempeñar un papel en la configuración del nuevo orden mundial.

Los ataques implacables de Marco Rubio contra la CPI reflejan su desdén (y el del presidente Trump) hacia las organizaciones internacionales en general y hacia el Estado de derecho en particular. Sin embargo, la mayoría de los países, incluidos los miembros de la CPI, reconocen la importancia de contar con salvaguardias internacionales que protejan los derechos humanos.

Cuando los Estados no logran enjuiciar a sus ciudadanos por los graves delitos mencionados anteriormente, solo la CPI puede garantizar la responsabilidad individual y promover el respeto global por el Estado de derecho.

Por L. Michael Hager* – Voces del Mundo** - *Cofundador y exdirector general de la Organización Internacional de Derecho para el Desarrollo, con sede en Roma.

** Publicado originalmente en CounterPunch – Traducido del inglés por Sinfo Fernández