El organismo de las Naciones Unidas para la salud mantiene un sistema de vigilancia para detectar ataques contra la atención médica, que incluye hospitales y otras instalaciones, personal y pacientes, ambulancias y otros medios de transporte, así como almacenes y suministros.

Desde 2018 se han reportado más de 10 400 de esos ataques en 29 países y territorios, que han dejado aproximadamente 5700 muertos y más de 8.000 heridos.

Hasta la fecha, nadie ha rendido cuentas por los atentados.

Tan solo entre enero y agosto de este año, la OMS registró más de 900 ataques que provocaron al menos 900 muertes y más de 1400 heridos, lo que supone una tasa de más de cuatro ataques al día.

La mayoría de los incidentes se produjeron en Ucrania, Líbano y el territorio palestino ocupado, pero también en otros lugares como Myanmar, Irán, Sudán, la República Democrática del Congo, Sudán del Sur, Rusia, Siria y Nigeria.

“Lo que estamos presenciando son múltiples formas de violencia”, dijo Altaf Musani, director de la OMS para la Gestión Humanitaria y de Desastres, en una rueda de prensa en esta ciudad suiza.

Según afirmó, las armas pesadas fueron el medio de ataque más frecuentemente denunciado en 2026, “seguidas de la destrucción de la atención sanitaria y, por supuesto, la violencia psicosocial”.

Además, durante este período se registraron 44 incidentes relacionados con el secuestro, arresto o detención de personal sanitario y pacientes. La detención de personal sanitario representó la mayoría de los casos, afectando a 94 personas.

Musani recalcó que, si bien estas cifras son importantes, no cuentan toda la historia: “Cuando un hospital es atacado, el impacto no solo afecta a las personas que se encuentran dentro del hospital ese día”, explicó.

“Es el paciente quien no puede recibir atención médica mañana. Es la ambulancia que no puede realizar la siguiente derivación. Es el trabajador de la salud, quien no puede regresar al trabajo, o el suministro de medicamentos que ya no puede llegar a los centros de salud, expuso Musani.

El hecho de que los ataques tengan consecuencias de gran alcance y a largo plazo está respaldado por pruebas contundentes, sostuvo Musani.

Citó un estudio de 69 ataques en el noroeste de Siria -donde persisten luchas entre facciones al cabo de una década de guerra civil-, el cual reveló que las consultas ambulatorias disminuyeron 51 % al día siguiente de cada ataque, y que esa reducción se prolongó hasta 37 días.

En Sudán -donde dos ejércitos rivales libran una lucha desde abril de 2023-, 37 % de las instalaciones no funcionaban según los informes de 2026, mientras que solo el tres por ciento de las instalaciones evaluadas ofrecían atención hospitalaria.

Mientras tanto, los 36 hospitales de la palestina Franja de Gaza resultaron dañados -durante dos años de guerra de Israel contra la milicia Hamas-, y solo la mitad permanece parcialmente operativa. La atención primaria de salud se ha visto afectada de manera similar.

Desde el inicio del conflicto en Ucrania, la OMS verificó más de 3000 ataques que afectaron a centros sanitarios, ambulancias, almacenes y cadenas de suministro.

Y ya se verificaron 12 ataques contra el sistema sanitario en el este de la República Democrática del Congo desde que ese país declaró el actual brote de ébola en mayo, lo que ha interrumpido la respuesta a la epidemia en el oriente congoleño.

“No se trata simplemente de estadísticas”, dijo Musani. “Detrás de cada porcentaje hay un paciente. Detrás de cada instalación dañada hay un servicio perdido. Detrás de cada servicio interrumpido alguien se quedará sin atención médica”, expresó.

Además, los ataques también pueden sembrar el miedo, impidiendo que las personas busquen atención médica y que los profesionales de la salud acudan a trabajar, al tiempo que disminuyen la confianza de la comunidad.

Pidió a nombre de la OMS que se visibilicen las consecuencias humanas, que se utilicen pruebas para proteger la atención sanitaria y a las personas que dependen de ella, y que se exijan responsabilidades a las partes en conflicto.

Un periodista preguntó si alguien había rendido cuentas por los ataques. Musani afirmó que, de los más de 10 000 incidentes verificados mencionados, “ni uno solo ha sido sometido a la justicia”.

A-E/HM - Corresponsal de IPS