En una entrevista, lo describió como un “acto histórico de reparación” y una demostración del papel de los pueblos indígenas en el fortalecimiento de la democracia brasileña.
La creación del Ministerio de Pueblos Indígenas formó parte de una estrategia más amplia del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva para reposicionar a Brasil como líder mundial en materia climática, tras los retrocesos socioambientales de la administración del ultraderechista Jair Bolsonaro (2019-2023).
El año pasado, más de 5000 representantes indígenas participaron en la cumbre de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, la COP30, celebrada en la ciudad amazónica brasileña de Belém, en el estado de Pará. Se lograron avances en propuestas clave, como la demarcación de las tierras indígenas.
Sin embargo, a pesar de los importantes avances en la protección de las tierras indígenas y el medioambiente, siguen existiendo retos. La minería y la extracción ilegales continúan.
Sonia Guajajara, la primera ministra de Pueblos Indígenas de la historia de Brasil, interviene en el Campamento Tierra Libre anual celebrado en Brasilia, en abril de 2026. Imagen: Edgar Kanaykõ Xakriabá / Dialogue Earth
En este año de elecciones en Brasil, Dialogue Earth analiza si la creación del ministerio ha dado lugar a resultados concretos y cómo esto repercute en las ambiciones de Brasil de convertirse en un líder mundial en materia climática.
NUESTRO ANÁLISIS REVELÓ LO SIGUIENTE:
Andreia Fanzeres, directora del programa de derechos indígenas de Opan, una organización que lleva más de cinco décadas trabajando en cuestiones indígenas, afirmó que estos esfuerzos han permitido que las reivindicaciones indígenas lleguen a más foros públicos y de toma de decisiones: “Las voces de los pueblos indígenas han alcanzado niveles sin precedentes en cuanto a la defensa de sus derechos y a que se las escuche, y ahora se los trata con mayor respeto que en el pasado”.
El nuevo Ministerio de Pueblos Indígenas se ha guiado por un plan estratégico que establece prioridades como el reconocimiento y la protección de los territorios indígenas y la inclusión de más personas indígenas en puestos de poder.
Se han logrado algunos avances, pero aún queda trabajo por hacer, según Dinamam Tuxá, coordinador ejecutivo de Apib, la mayor organización indígena de Brasil: “Queremos servicios de salud y educación específicos y reforzados, más jóvenes en las universidades, políticas públicas aplicadas en nuestros territorios y, sobre todo, que se demarquen nuestras tierras”.
Dinamam Tuxá, coordinador ejecutivo de la mayor organización indígena de Brasil, Apib, participó en los debates del Campamento Tierra Libre de este año, celebrado en Brasilia. Imagen: Edgar Kanaykõ Xakriabá / Dialogue Earth
Guajajara afirmó que su mayor reto era reconstruir, con un presupuesto muy reducido, el marco de políticas indígenas desmantelado por Bolsonaro, presidente hasta 2023. Gran parte del poder legislativo seguía mostrándose en gran medida hostil hacia las cuestiones socioambientales. Aun así, señaló, había sido posible reanudar las demarcaciones territoriales, combatir la minería ilegal y garantizar la representación indígena en altos cargos del gobierno.
El pueblo indígena manoki lleva más de 50 años luchando contra disputas legales y desalojos por parte del Estado para proteger su territorio. Finalmente lograron su objetivo en la COP30, celebrada en noviembre, cuando se aprobó la demarcación de sus tierras en el estado de Mato Grosso. Sin embargo, los intrusos siguen talando árboles, provocando incendios y despejando terrenos para pasturas y cultivos dentro del territorio, al tiempo que se subastan ilegalmente parcelas.
“Todavía no podemos disfrutar de esa parte de la tierra, ni plantar en ella, ni vivir allí”, declaró la líder manoki Marta Tipuici.
Sonia Guajajara (con vestido verde) posa junto a Joenia Wapichana (con vestido rojo) durante la COP30, celebrada en la ciudad brasileña de Belém en 2025. Wapichana es la expresidenta de la Funai, el organismo gubernamental encargado de aplicar la política del Ministerio de Pueblos Indígenas. Imagen: Juliana Pesqueira / Amazônia Real
Las demarcaciones territoriales, que refuerzan los derechos de los pueblos indígenas a gestionar las tierras delimitadas, se consideran una solución a la crisis climática. Se ha comprobado que reducen la deforestación y empoderan a las comunidades para proteger su entorno. En su cargo ministerial, Guajajara ha abogado en múltiples eventos internacionales por el reconocimiento de las tierras indígenas como parte de la solución a la crisis climática.
Las tierras indígenas, como el territorio de los manoki, protegen al menos 36 % de los bosques intactos del mundo, mientras que la deforestación y la degradación representan 15% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. En la Amazonia brasileña, de los 63 000 km² deforestados entre 2012 y 2024, solo 3 % se encontraba en tierras indígenas, según la organización Imazon.
Durante el mandato de Lula, se han reconocido formalmente 41 territorios —20 ratificados con protección total; 21 “declarados”, una fase previa— que abarcan 4,8 millones de hectáreas. Según Guajajara, se esperan más demarcaciones este año.
Aun así, el ritmo de los reconocimientos formales ha sido “modesto”, según Apib. “Históricamente, la demanda ha sido enorme y ningún gobierno ha logrado satisfacerla”, afirmó Tuxá. “Sabemos que hay un contexto político, pero hay procesos que podrían haber avanzado”.
Joênia Wapichana, que presidió la Funai (el organismo responsable de aplicar las políticas del Ministerio de Pueblos Indígenas) hasta marzo de este año, destacó los esfuerzos de su equipo: hay 156 grupos trabajando activamente en estudios para identificar y demarcar nuevos territorios. Pero los procesos, según señaló, se han estancado en otros organismos gubernamentales o en los tribunales.
Los gobiernos de los estados brasileños de Santa Catarina y Mato Grosso, por ejemplo, han emprendido acciones legales contra el reconocimiento formal de cinco territorios. Entre ellos se encuentra el del pueblo manoki. El asunto sigue sin resolverse y se encuentra ahora sumido en la incertidumbre jurídica.
“El estado en el que nos hicimos cargo de la Funai —sin personal, sin recursos y sin infraestructuras— era desalentador”, declaró Wapichana. Sin embargo, añadió: “Entregué una Funai más fuerte. Reconocimos las tierras indígenas. Los procesos de demarcación avanzaron”.
Pero la demarcación por sí sola no basta. Sin presencia estatal, los pueblos indígenas se ven obligados a vigilar territorios que, en ocasiones, rivalizan en extensión con países enteros. Las actividades ilegales, como el acaparamiento de tierras, la minería y la deforestación, pueden simplemente persistir. Según el Ministerio de Pueblos Indígenas, se llevaron a cabo operaciones en 12 territorios, principalmente para combatir la minería de oro.
Una de las regiones objetivo de estas operaciones es el territorio yanomami, una zona del tamaño de Portugal que se extiende entre Amazonas y Roraima. Se estima que unos 20 000 mineros ilegales se han instalado allí. El gobierno afirmó haber expulsado a 98 % de los intrusos, pero los lugareños sostienen que el problema es más amplio. Afirman que necesitan unidades de protección y medidas para combatir la malaria, en medio de una creciente emergencia de salud pública provocada por las invasiones.
Para financiar las operaciones en el territorio yanomami, el gobierno de Lula recurrió al Fondo Amazónico, que había permanecido paralizado durante cuatro años bajo el gobierno de Bolsonaro. El fondo volvió a atraer a donantes extranjeros, como Noruega y Alemania, y se convirtió en uno de los principales símbolos de la reconstrucción de la imagen medioambiental de Brasil en el extranjero.
No obstante, la deforestación en las tierras indígenas de la Amazonía —provocada generalmente por el acaparamiento de tierras— alcanzó los 483 km² entre agosto de 2024 y julio de 2025, según datos del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (Inpe), que supervisa la deforestación.
La cifra se acerca al récord de 2019, de 493,8 km². Se debió en parte a los incendios provocados en septiembre de 2024, que se produjeron en los alrededores de los territorios de Xingu y Capoto/Jarina, en Mato Grosso. La sequía extrema de ese año agravó los daños causados por los incendios, que se extendieron a los territorios indígenas, según el Inpe.
En el territorio munduruku, en Pará, las operaciones se prolongaron durante tres meses entre 2024 y 2025. Los habitantes locales afirman que sus efectos fueron efímeros. “Los buscadores de oro regresaron en masa porque vieron que el gobierno no mantenía una presencia permanente”, afirmó Alessandra Korap, líder munduruku.
Guajajara reconoció que la Funai no cuenta con personal suficiente para mantener una presencia continua en todos los territorios. Admite que se han producido nuevas invasiones, pero insiste en que la situación “no se parece en nada a como era antes” de las operaciones.
Antes de asumir su cargo como ministra, Guajajara defendió la urgente necesidad de “llevar las aldeas al ejecutivo”. Hoy en día, los pueblos indígenas ocupan puestos sin precedentes en la vida pública, un logro que, según los expertos, perdurará más allá de esta administración.
Ocupan una quinta parte de los 163 puestos del ministerio, repartidos entre departamentos y direcciones. Además, en 2024 se restableció el Consejo Nacional de Política Indígena, tras su eliminación bajo el gobierno de Bolsonaro. La mitad de sus miembros son indígenas y activistas por los derechos indígenas, mientras que la otra mitad son funcionarios públicos.
“Se nos han abierto las puertas en todos los ministerios para presentar las reivindicaciones del movimiento indígena”, afirmó Tuxá, de Apib, que ocupa el cargo de vicepresidente del consejo.
Para Adriana Ramos, secretaria ejecutiva del Instituto Socioambiental, una mayor presencia indígena en el gobierno ha dado lugar a avances tangibles: políticas de gestión territorial, una unidad para mediar en conflictos territoriales y más cuotas para los indígenas en las oposiciones del sector público.
Los debates del consejo también contribuyeron a garantizar que sus reivindicaciones se incluyeran en el Plan Climático, el programa insignia del gobierno para hacer frente a la crisis climática. En él se reclamaban soluciones a problemas crónicos como el acceso insuficiente al agua potable y al saneamiento básico, lo que no hace sino dificultar aún más la adaptación al cambio climático. El gobierno también duplicó la inversión en salud indígena entre 2022 y 2025, y puso en marcha un programa de saneamiento para los territorios indígenas de Brasil.
“Sin abordar las necesidades más básicas en estos territorios, no existe ningún plan milagroso para hacer frente a los fenómenos meteorológicos extremos”, afirmó Fanzeres, de Opan.
Con las elecciones presidenciales en octubre, Ramos advierte que un futuro gobierno contrario a los derechos indígenas podría revertir todos estos avances. Esto, afirma, tendría consecuencias no solo para los territorios, sino también para la imagen de Brasil en el extranjero. La protección de los territorios indígenas es ahora “un activo climático” que atrae financiación y colaboraciones internacionales. “Un futuro gobierno antiindígena podría desencadenar un efecto dominó devastador”, señaló.
Fanzeres coincide en que son posibles los retrocesos, pero cree que los espacios y las posiciones que ocupan los pueblos indígenas en la vida pública y económica del país son irreversibles: “Sin duda, esto ya es un legado”.
Este artículo se publicó originalmente en Dialogue Earth.
RV: EG - Kevin Damasio
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