El malestar oficial coincide con una versión que comenzó a circular en Balcarce 50 de cara a la reunión de la mesa política prevista para este martes: la posibilidad de que Sturzenegger sea incorporado a ese ámbito. La decisión todavía no fue confirmada, pero su nombre apareció en las conversaciones previas y despertó una lectura particular entre algunos integrantes del Gobierno. Más que ampliar el poder de un ministro que ya cuenta con acceso directo al despacho presidencial, sentarlo en esa mesa permitiría incorporar sus iniciativas a una discusión política antes de que se conviertan en decisiones del Ejecutivo o proyectos que después otros funcionarios deben defender en el Congreso.

La principal factura política, sin embargo, no llegó por el traspié que sufrió la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Senado. El episodio que terminó de encender las alarmas fue la crisis con los prácticos, que derivó en un paro de 48 horas y golpeó de lleno a algunas de las principales actividades exportadoras del país. La semana pasada, antes de viajar junto a su hermano a Ecuador y Colombia, Karina Milei apartó a Sturzenegger en medio de un conflicto que ya había comenzado a generar irritación entre grandes empresas vinculadas a la operatoria portuaria y preocupación dentro del propio Gobierno.

El problema había comenzado con la decisión de avanzar sobre el régimen de practicaje, una actividad técnica y altamente regulada que cumple un rol central para garantizar la navegación segura de los buques en puertos, canales y zonas de maniobras complejas. La desregulación impulsada por Sturzenegger derivó rápidamente en una disputa con el sector y terminó exponiendo una dificultad que en el papel había recibido menos atención: el Estado tampoco tenía capacidad inmediata para reemplazar a los prácticos sin personal específicamente habilitado para realizar esas tareas.

La respuesta oficial terminó profundizando el conflicto. Primero el Gobierno intimó a los prácticos a retomar sus tareas y después exploró la posibilidad de reemplazarlos con integrantes de la Armada y de la Prefectura. La alternativa se encontró rápidamente con la realidad: la Armada contaba con apenas seis oficiales disponibles para asumir esas funciones y la Prefectura, con ninguno. La disputa terminó además profundizando una interna entre ambas fuerzas alrededor de quién debía asumir las responsabilidades derivadas de la crisis. Para entonces, el costo ya había dejado de ser solamente político.

La crisis tuvo además un componente particularmente incómodo para el karinismo. No se trataba solamente de administrar la reacción de un gremio afectado por una desregulación. El conflicto había comenzado a irritar a grandes compañías argentinas cuyos negocios dependen de la operatoria portuaria y que reclamaban una solución para volver a mover sus cargas. Para un sector del Gobierno, era la demostración más extrema de un problema que venía advirtiéndose desde hacía tiempo: algunas reformas podían ser correctas desde la lógica desreguladora de Sturzenegger y, al mismo tiempo, generar costos políticos y económicos que nadie había calculado previamente.

La intervención de Karina funcionó como una señal. La secretaria general viene concentrando cada vez más la estrategia política alrededor de un objetivo: garantizar la reelección de Milei en 2027. Desde esa perspectiva, abrir frentes simultáneos con gobernadores, sindicatos, empresas o corporaciones profesionales por reformas que no resultan indispensables para llegar a las elecciones empieza a ser visto como un riesgo innecesario.

Hasta ahora, Sturzenegger está blindado por Milei. El Presidente considera al ministro una pieza central de su programa económico, valora especialmente su vocación por avanzar sobre regulaciones que otros funcionarios prefieren evitar y le concedió desde el comienzo un acceso que pocos integrantes del Gabinete tienen. Cuestionar a Sturzenegger supone, en ese sentido, discutir decisiones que cuentan en última instancia con el aval del propio Presidente.

Ese respaldo explica por qué, pese al creciente malestar, nadie imagina por ahora una salida inmediata del ministro. Pero en la Casa Rosada comenzó a circular una alternativa bastante menos estridente y potencialmente igual de significativa: quitarle volumen político a sus iniciativas.

Según pudo saber elDiarioAR, el Gobierno evalúa congelar algunos de los proyectos que llevan la marca de Sturzenegger. Las iniciativas que ya obtuvieron media sanción, como la denominada Ley Hojarasca, no pueden ser retiradas del Congreso, pero sí pueden perder prioridad y quedar indefinidamente relegadas de la agenda parlamentaria. Sería una forma de poner un freno a la avanzada desreguladora sin convertir la discusión interna en una crisis abierta con uno de los funcionarios protegidos por Milei.

Entre las iniciativas cuyo futuro quedó bajo análisis aparece también la Ley de Lobby, diseñada para regular y transparentar el cabildeo de intereses sectoriales, además del Régimen de Corretaje y las normas de protección de la actividad librera. Otro ítem es la habilitación para comercializar medicamentos por fuera de las farmacias y una mayor flexibilización del mercado de Gas Licuado de Petróleo. Cada capítulo tiene una lógica propia. Y, según la mirada que empezó a imponerse entre algunos funcionarios, también tiene capacidad para abrir un conflicto diferente.

La discusión en torno a Sturzenegger expresa una tensión más profunda que comienza a atravesar al oficialismo. El ministro entiende que el poder acumulado por Milei ofrece una oportunidad para profundizar las transformaciones y avanzar sobre intereses que durante décadas bloquearon reformas. El ala política, en cambio, empieza a mirar el calendario: faltan poco más de doce meses para las elecciones y cada disputa debe medirse también por su impacto sobre los sectores con los que la Casa Rosada necesita mantener algún canal abierto.

PL/MC - Eldiarioar - Pedro Lacour -  @pedrolacour