Este jueves el Senado argentino debe votar un proyecto llamado Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que incluía una controvertida reforma de las normas que regulan la venta de tierras en el campo argentino a extranjeros.
Según el gobierno, la iniciativa tiene el objetivo favorecer nuevas inversiones, fortalecer la propiedad privada y eliminar restricciones que considera arbitrarias e ineficientes.
Sin embargo, algunos aliados parlamentarios del oficialismo, gobernadores de provincias, organizaciones sociales y opositores habían mostrado su rechazo a la reforma al considerar que favorecía a los grandes capitales extranjeros con graves consecuencias sociales y ambientales.
En un principio, para evitar una derrota en el Senado, el gobierno ofreció subir del 15% al 25% el límite máximo de tierras que pueden ser propiedad de extranjeros, luego que fracasara su intento de una liberalización total de las reglas.
Pero esa concesión no fue suficiente y este miércoles la jefa del oficialismo en el Senado, Patricia Bullrich, anunció la retirada del capítulo de extranjerización de tierras de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, con el objetivo de que esta última sea aprobada en la sesión del jueves.
Este proyecto legislativo lleva meses empantanado en la Cámara Alta y su votación ya fue pospuesta en julio por falta de acuerdo.
Bullrich dijo en un comunicado que la eliminación del capítulo III de la norma que modificaba la Ley de Tierras vigente desde 2011, "fue adoptada por unanimidad entre los integrantes del espacio con el objetivo de continuar trabajando sobre ese capítulo y alcanzar un mayor nivel de consenso".
"La postergación no implica su eliminación del proyecto, sino que responde a la voluntad política de seguir trabajando el texto y enriquecerlo con nuevos aportes", señala el comunicado.
El plan del gobierno de facilitar la compra de tierras por parte de extranjeros era la parte más controvertida de un proyecto mucho más amplio, bautizado por el Gobierno como Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.
Esta ley, enviada al Congreso en marzo, contempla acelerar los desalojos de personas, obstaculizar la expropiación de tierras y reducir la protección de áreas afectadas por incendios, entre otros aspectos.
El proyecto busca eliminar distintas normas relacionadas con la regulación de la propiedad de los suelos que el gobierno de Milei considera un obstáculo para la inversión y a la seguridad jurídica.
En su tercer capítulo, ahora retirado, la iniciativa proponía derogar el corazón de la Ley 26.737 de Tierras Rurales que está vigente en el país desde 2011 y que fue aprobada durante el gobierno de Cristina Fernández.
Esa ley establece, entre otras cosas, que los extranjeros no pueden ser dueños de más de un 15% de las tierras del país, de cada provincia y de cada municipio.
Además, fija un límite equivalente a 1.000 hectáreas por cada propietario extranjero y regula la adquisición de campos ubicados sobre cuerpos de agua permanentes, zonas de frontera y áreas consideradas estratégicas por sus recursos naturales.
El límite de propiedad individual de hectáreas se refiere a aquellos terrenos que están en "zonas núcleo", es decir, las tierras agrícolas de mayor productividad.
Por otro lado, la ley actual también señala que los extranjeros no pueden adquirir tierras que contengan o sean ribereñas de grandes cuerpos de agua permanentes ni, en principio, inmuebles ubicados en zonas de seguridad de frontera.
Lo que buscaba el gobierno era eliminar todas esas restricciones. Sin embargo, por falta de votos, tuvo que frenar la iniciativa.
Nada más llegar a la Casa Rosada, Milei intentó derogar la Ley de Tierras vigente a través de un decreto en diciembre de 2023, pero tuvo que dar marchas atrás por falta de respaldo.
Y en esta ocasión, el oficialismo hizo todo lo que estaba a su alcance para asegurar los votos, aunque finalmente no lo consiguió.
El Gobierno sostiene que su proyecto permitirá atraer inversiones, dinamizar el mercado inmobiliario rural y otorgar mayor seguridad jurídica a los propietarios. Por eso, plantea, es necesario eliminar las trabas que impone la ley vigente.
"En su estado actual, es una ley que prohíbe la inversión extranjera directa en tierras, en el agro, en puertos y en la industria forestal", dijo en mayo el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, frente a las Confederaciones Rurales Argentinas.
Sturzenegger agregó que si se derogaba la ley de 2011, Argentina podría obtener inversiones cercanas a los US$15.000 millones, sin dar detalles sobre el origen de esos capitales.
El objetivo del oficialismo es eliminar las regulaciones que, bajo su prisma, limitan el desarrollo económico de zonas que, con grandes inversiones extranjeras, podrían transformarse en tierras productivas.
Roberto Frenkel, presidente de la empresa inmobiliaria rural Bullrich Campos y partidario del proyecto oficialista, asegura que las regulaciones han profundizado el atraso en zonas que prosperarían si los capitales ingresaran libremente.
"Hay una demonización del extranjero, pero las provincias necesitan inversión", le dijo a BBC Mundo antes de conocerse la retirada de la reforma sobre la extranjerización de la tierra.
La inversión extranjera, agregó, no va a generar pobreza ni va a afectar los recursos naturales.
Al contrario, afirmó, "la tierra no da nada si no la trabajas" y lo que se necesita es producir riqueza, generar empleos y desarrollo, independientemente de que sea un argentino o un extranjero el que invierte.
Ante las críticas sobre el peligro para la soberanía nacional de la venta de extensas áreas de tierra en zonas fronterizas, los defensores de la reforma sostienen que el suelo siempre seguirá siendo parte del territorio argentino, aunque el propietario tenga otra nacionalidad.
Uno de los argumentos centrales de esta postura es que no existe una justificación económica para restringir la compra de tierras, como tampoco una geopolítica vinculada a las fronteras del país.
También defienden que el proyecto del gobierno no tendría un impacto negativo en las comunidades locales, ni en los pequeños agricultores o los recursos naturales.
"Son tierras abandonadas", dijo Frenkel.
El gobierno también ha señalado que imponer límites únicamente por la nacionalidad del comprador viola el principio de igualdad ante la ley y el derecho de cualquier inversor que desee adquirir tierras para desarrollarlas.
Y señala que Argentina debe competir con naciones vecinas como Uruguay y Brasil, que imponen menos restricciones a los capitales extranjeros.
Los que se oponen a la reforma del gobierno Milei -organizaciones sociales, rurales, ambientales, grupos de científicos y legisladores de oposición- han articulado una serie de argumentos para defender la Ley de Tierras vigente desde 2011.
Las voces críticas aseguran que la tierra es un recurso estratégico que no se puede comparar con una inversión privada en cualquier otro tipo de activo.
"Es una extranjerización de tierras que favorece a las grandes corporaciones multinacionales", dijo Matías Oberlin, historiador y miembro del Observatorio de Tierras, en diálogo con BBC Mundo.
Oberlin defiende que no es una posición contraria a personas extranjeras que quieran mudarse a Argentina, sino un rechazo a que los grandes fondos de inversión o los magnates hagan negocios sin ninguna regulación.
"Querían vender Argentina", dice Oberlin.
A los opositores les preocupa que la reforma del gobierno aumente la concentración de la propiedad de la tierra, en detrimento de los pequeños y medianos productores y de las comunidades locales.
El Observatorio de Tierras publicó un estudio en el que señala que cerca de un 5% del territorio argentino está en manos de propietarios extranjeros. Una de las claves de la discusión no se centraba en la cantidad de tierras, sino en las zonas estratégicas donde estas se encuentran.
El análisis señala que, si bien actualmente son 13 millones de hectáreas las que se encuentran en manos de extranjeros, su distribución no es homogénea.
Mientras en algunas partes del país las propiedades extranjeras son escasas, en otras superan los límites de la legislación actual.
Aquellas zonas que generan especial interés comercial, agrega el informe, contienen recursos estratégicos como agua dulce, minerales, bosques, puertos y pasos fronterizos. "Son puntos críticos", advierte Oberlin.
El investigador afirma que han detectado 36 departamentos (unidades territoriales dentro de las provincias) en los que las tierras compradas por empresas o indivíduos extranjeros superan el límite de 15% establecido por la ley vigente.
Esos departamentos, explica, están ubicados en zonas cercanas a límites territoriales y son ricas en recursos naturales.
La reforma impulsada por el gobierno Milei, argumentaban sus detractores, podía causar graves perjuicios en la Patagonia y otras zonas del país, poniendo en riesgo acuíferos, lagos, humedales o reservas de agua dulce.
También argumentaban que la venta de tierra a extranjeros en zonas fronterizas podría favorecer las actividades del crimen organizado y poner en riego la soberanía nacional.
Ahora que el proyecto ya no incluye la extranjerización de tierras, los críticos continúan oponiéndose al resto de la ley que debe votar el Senado este jueves por sus efectos en expropiaciones, desalojos y las normas que regulan el uso de las tierras quemadas.
Cecilia Barría - Título del autor,BBC News Mundo
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