El Gobierno argentino oficializó el cobro de la atención médica a extranjeros sin residencia permanente en los hospitales públicos nacionales, la última de una serie de medidas con las que el presidente Javier Milei endureció el régimen migratorio del país desde su asunción. La medida llega días después de un decreto que habilita la expulsión de extranjeros por "mensajes de odio" contra el país.
La Resolución 1066/2026 del Ministerio de Salud, firmada por el ministro Mario Lugones, retoma un decreto de necesidad y urgencia dictado en 2025 que ya había habilitado el cobro de servicios sanitarios a extranjeros no residentes, pero que hasta ahora no había sido reglamentado ni implementado por los hospitales dependientes del Estado nacional en todo el país.
"Cuidar los recursos de los argentinos también significa administrarlos con responsabilidad y transparencia. Esto significa un antes y un después en el cuidado del bolsillo de los pagadores de impuestos en la República Argentina", escribió en sus redes sociales Lugones.
La norma establece una excepción para las emergencias médicas, que seguirán siendo atendidas sin costo alguno independientemente de la situación migratoria de la persona. Los extranjeros con residencia permanente, acreditada con el documento nacional de identidad, mantienen el mismo acceso al sistema de salud público que los ciudadanos del país.
Para el resto de los casos, el hospital podrá reclamar el costo de la atención directamente a la aseguradora si la persona cuenta con un seguro médico privado vigente, o exigir el pago previo de la prestación completa si no cuenta con cobertura, según el procedimiento operativo aprobado por la cartera sanitaria que conduce el ministro Mario Lugones.
La medida se conoce días después de que Milei firmara un decreto de necesidad y urgencia que habilita rechazar el ingreso o disponer la expulsión de extranjeros que difundan "mensajes de odio, discriminación o violencia" contra el país o sus símbolos patrios, en el marco de lo que el Gobierno denominó una "campaña antiargentina" tras la final del Mundial 2026.
En septiembre de 2025, el Ejecutivo ya había reglamentado con criterios más restrictivos la Ley General de Reconocimiento y Protección al Refugiado, al incorporar el Ministerio de Seguridad a la Comisión Nacional para los Refugiados y habilitar el rechazo de solicitudes de asilo consideradas improcedentes por las autoridades.
El Gobierno también puso en marcha las Unidades de Seguridad Migratoria, un esquema que otorga a la Policía Federal, la Gendarmería, la Prefectura Naval y la Policía de Seguridad Aeroportuaria facultades de inteligencia, control e identificación de extranjeros en situación irregular, en coordinación con la Dirección Nacional de Migraciones.
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, informó que en los últimos seis meses fueron expulsadas del país 14.000 personas extranjeras con antecedentes penales, alertas rojas de Interpol u otros impedimentos legales vigentes, en el marco de ese esquema reforzado de control migratorio desplegado en todo el territorio nacional de Argentina.
La población extranjera radicada en Argentina, de casi dos millones de personas en total, se mantuvo estable en los últimos años, según datos oficiales disponibles hasta el momento. En la provincia de Buenos Aires, la más poblada del país, los extranjeros representan menos del 1% de las consultas médicas registradas en los hospitales públicos de esa jurisdicción.
"Argentina fue creada como una nación abierta a la inmigración, a los extranjeros y demás. De hecho, fuimos todos una gran mezcla de todo eso. Las medidas anunciadas recientemente responden más a una agenda compartida por Gobiernos conservadores en la región y en el mundo. Es parte de la batalla cultural de Milei", dijo a Sputnik el politólogo Diego Reynoso.
El experto vinculó el anuncio con la derrota simbólica reciente del Gobierno, cuando se vio forzado a suspender su proyecto de reforma de la Ley de Tierras tras fuertes manifestaciones contra la extranjerización del territorio. "Esta iniciativa busca lavar la cara del Gobierno con una medida contra extranjeros, después de haber perdido la discusión sobre las tierras", señaló.
El politólogo remarcó que la medida carece de efectos prácticos: "No tiene un impacto concreto, no es un impacto ni fiscal ni demográfico ni de ningún tipo, porque es realmente pequeña. Es simplemente poder correr el debate público" y "tratar de colocarse de vuelta del lado" de la nación, "en donde la mayoría de la población diga: el Gobierno defiende a los ciudadanos argentinos", explicó.
Para Reynoso, el cálculo oficial apunta al rédito electoral pese a la derrota previa en la opinión pública: "Probablemente vuelva a tener un cierto respaldo en la población sobre este tema, después de haber perdido el respaldo amplio, más de dos tercios de la población en contra" de los proyectos de Malvinas y venta de tierras.
Consultado por este medio, el diputado nacional, médico y exministro de Salud de la provincia de Tucumán (norte), Pablo Yedlin, calificó la medida como secundaria frente a los problemas reales del sistema sanitario. "Es absolutamente marginal al costo del sistema de salud argentino y absolutamente poco necesaria, cuando el sistema de salud argentino hoy tiene una enorme cantidad de problemas", dijo el legislador y médico tucumano.
El legislador cuestionó además el diagnóstico oficial sobre la saturación hospitalaria: "¿Los hospitales públicos están explotados? Sí, están explotados. ¿Están explotados por extranjeros? No. Están explotados porque tienen a toda la población de Argentina que no tiene cobertura, más aquella que dejó de tenerla", afirmó.
Consultado sobre la viabilidad de la norma, el diputado la calificó de "bastante poco probable" en el corto plazo: "La salud en Argentina es un derecho; ese derecho es para aquellos que viven, que están en Argentina. ¿Quién va a definir si corre riesgo la vida o no? ¿El administrativo que está en la puerta?", cuestionó el legislador tucumano y médico.
Sobre la aplicación concreta de la medida, el diputado diferenció los casos posibles: "Para una cirugía programada, el sistema de salud puede decirle que vuelva a su país. Ahora, en los hospitales públicos, negarle la atención a quien venga a buscar una atención de emergencia, de guardia, inclusive puede ser inconstitucional", advirtió Yedlin.
El legislador cerró con una referencia al costo diplomático de la política migratoria oficial. "El bochorno con Brasil y la retirada de embajadores, ¿cómo no va a tener un costo? Tiene un enorme costo para los argentinos, innecesario. Y los futuros Gobiernos que vengan van a tener que ir resolviendo estos problemas que perduren", concluyó.
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