La presentación reafirma el compromiso de La Pampa con la defensa de sus recursos hídricos y reclama poner fin a una regresión ambiental y social que se profundiza desde hace décadas por el corte unilateral del río.

En el contexto del Día de la Lucha por el Río Atuel, establecido por la Ley Provincial N.º 2867, el gobernador Sergio Ziliotto interpuso un nuevo pronto despacho ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para exigir el cumplimiento inmediato de las sentencias que ordenan garantizar un caudal mínimo permanente hacia territorio pampeano.
UN RECLAMO HISTÓRICO
La fecha, que se recuerda mañana, refiere el histórico telegrama enviado el 6 de agosto de 1947 por el radiotelegrafista Ángel Garay al entonces presidente Juan Domingo Perón, mediante el cual denunció el corte del río Atuel por parte de Mendoza. A casi ocho décadas de aquel reclamo, La Pampa continúa sosteniendo la misma demanda: el derecho al agua y a la reparación de un daño ambiental que persiste.
En el escrito presentado ante el máximo tribunal, Ziliotto sostuvo que "a nueve años del primero de los fallos de la Corte Suprema de Justicia resulta inentendible su inacción para hacerlos cumplir, e inadmisible y sin fundamento cierto la negativa de Mendoza a cumplirlos".
La presentación judicial se apoya en las sentencias dictadas por la Corte Suprema en 2017 y 2020, en la Ley General del Ambiente, en el Acuerdo de Escazú y en las pruebas que demuestran la profundización de la regresión ambiental provocada por el uso unilateral del recurso hídrico por parte de Mendoza.
UNA DECISIÓN POLÍTICA, NO FALTA DE AGUA
Uno de los aspectos centrales del nuevo planteo incorpora una reciente publicación periodística que refleja declaraciones de autoridades de Gestión Hídrica de Mendoza, quienes reconocen perspectivas favorables respecto de la disponibilidad de agua producto de las nevadas registradas este invierno.
Para La Pampa, esas manifestaciones constituyen una nueva evidencia de que el incumplimiento del caudal ordenado por la Corte no responde a una escasez hídrica sino a una decisión política de la Provincia vecina.
En ese sentido, el Gobierno provincial remarcó que el paso del tiempo agrava las consecuencias sociales y ambientales sobre el oeste pampeano y que la demora en hacer cumplir las sentencias consolida daños ecológicos cuya reparación resulta cada vez más compleja.
FALLOS INCUMPLIDOS
El pronto despacho recuerda que la propia Corte Suprema ya resolvió la controversia mediante dos pronunciamientos de carácter definitivo.
En diciembre de 2017 reconoció la interjurisdiccionalidad del río Atuel, declaró la existencia de un daño ambiental en el noroeste pampeano y ordenó avanzar en la fijación de un caudal apto para recomponer el ecosistema.
Posteriormente, en julio de 2020, ante la falta de acuerdo entre las provincias, el máximo tribunal fijó como meta interina de cumplimiento obligatorio un caudal mínimo permanente de 3,2 metros cúbicos por segundo en el límite interprovincial y dispuso la ejecución de obras y un sistema de monitoreo permanente.
Sin embargo, seis años después de ese último fallo y nueve del primero, la obligación judicial continúa sin cumplirse.
PRUEBAS SOBRE EL MANEJO DEL RECURSO
La nueva presentación también incorpora documentación que, según La Pampa, acredita que la escasez de agua no obedece exclusivamente a factores climáticos sino al manejo que Mendoza realiza del recurso.
El escrito señala que dentro del expediente quedó demostrada la ineficiencia en la administración del agua, con prácticas sistemáticas de riego ineficiente, sobre riego y llenado indiscriminado de reservorios en áreas productivas.
Para el Gobierno pampeano, estos antecedentes refuerzan la necesidad de que la Corte Suprema adopte medidas urgentes para garantizar el efectivo cumplimiento de sus propias sentencias y detener una regresión ambiental y social que continúa afectando a generaciones de pampeanas y pampeanos.
En el Día de la Lucha por el Río Atuel, la Provincia ratificó así una política de Estado sostenida a lo largo del tiempo: defender los derechos hídricos de La Pampa, exigir el respeto de los fallos judiciales y reclamar una reparación efectiva del daño ambiental provocado por el corte del río. (apn)